San Juan, 17 jun (EFE News) – El presidente de la Universidad de Puerto Rico(UPR), Jorge Haddock, dijo este miércoles que la posibilidad de que el centro educativo se acoja al Título III de la Ley PROMESA sería «sumamente peligroso» e «innecesario».
Haddock indicó que la UPR ha pagado la deuda hasta el momento y no representa un riesgo para la universidad.
Por lo tanto, «independientemente a la deuda existente, llevar a la universidad a la bancarrota podría provocar la pérdida definitiva de fondos federales para becas a estudiantes, investigación y mejoras permanentes».
«Igualmente se arriesgaría la acreditación que se renovó a 9 meses de que el ingeniero entrara en funciones, gracias a las gestiones que son parte de su plan de trabajo. El Título III también representaría un costo adicional excesivo en asesoramiento legal y financiero», indicó.
«Llevar a la Universidad a la quiebra no es una opción. El Título III no solo es innecesario para la UPR, sino que pondría en riesgo el acceso a fondos federales que benefician a la mayoría de nuestros estudiantes. Además, afectaría la acreditación que tanto esfuerzo nos costó obtener y mantener, gracias a las medidas de control y rigor que hemos implementado en tan corto tiempo», indicó el líder universitario en un comunicado.
Haddock destacó la entrega de los estados financieros antes de la fecha límite como demostración de los cambios que ya se han ejecutado.
«Estamos dando grandes pasos en la dirección correcta. La transformación del primer centro docente avanza sin pausa. Hemos creado una cultura de responsabilidad y cumplimiento, mantenido el presupuesto balanceado y creado un modelo presupuestario nuevo. Sin embargo, la JSF no lo reconoce porque ya tiene una agenda para la universidad», dijo.
«Han querido forzar el despido de empleados y el cierre de recintos desde el inicio. Esto es contrario a nuestra política pública, y hemos demostrado que podemos alcanzar los resultados sin tener que implementar medidas tan drásticas. Esta estrategia es muy común en universidades en los estados, pero es contraria a la humanidad que caracteriza a nuestra isla y cultura institucional», expresó el presidente.
«El Plan Fiscal realizado y certificado por la JSF no refleja la realidad de la UPR, ni el trabajo que hemos realizado en los pasados dos años. Demuestra el desconocimiento del funcionamiento y la gobernanza de una universidad como la UPR. Las transformaciones, para crear un cambio sostenible a largo plazo, requieren tiempo y un cambio cultural», puntualizó Haddock.
Por otro lado, señaló que eliminar 10.300 puestos, como pretende la JSF, «no es factible y mucho menos sostenible ya que afectaría la calidad académica que distingue a la UPR y ha llevado al éxito a nuestros egresados. Más aún, la JSF parece desconocer que el personal administrativo de la UPR cumple con una función valiosa en el apoyo de la docencia y la academia. Además, con todo lo que ha atravesado la isla desde el huracán María, temblores y la pandemia actual, despedir empleados sería sumamente insensible y tendría un impacto en la economía de la isla».
El presidente señaló que la Junta de Gobierno de la UPR, fiduciaria del Plan de Retiro, ha presentado distintas propuestas para modificar el plan sin cambiar el beneficio de pensión de los jubilados.
Asimismo, Haddock catalogó como irresponsables las expresiones de la Directora de la JSF, ya que inciden en la acreditación y el proceso de reclutamiento de estudiantes.
«En este momento que vivimos en Puerto Rico, por la pandemia y la crisis fiscal, la JSF debería evitar añadir incertidumbre que pueda generar desasosiego en nuestra población. Sabemos que están llamados, por la Ley Promesa, a crear responsabilidad fiscal en la isla, pero hay una responsabilidad social y humana que debe primar en nuestras consideraciones», dijo.
De otra parte, el presidente del principal centro docente de Puerto Rico desmintió que la institución solo haya desembolsado 4 millones de los fondos Cares.
