Las exigencias del Departamento de Educación federal bajo la administración Trump, anuladas hace un mes por el Tribunal de Distrito de New Hampshire, habían provocado la eliminación de un comité de inclusión y la paralización de un censo de estudiantes afrodescendientes en la Universidad de Puerto Rico
Por Víctor Rodríguez Velázquez
Centro de Periodismo Investigativo
La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, mantendrá la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que se descartaron el pasado año para cumplir con directrices del Departamento de Educación federal, pese a que desde el mes pasado esa agencia dejó sin efecto las restricciones tras un fallo del Tribunal de Distrito de New Hampshire.
La orden del tribunal las anuló de forma permanente y prohibió su aplicación o reactivación en Estados Unidos y sus territorios.
Al preguntársele si, tras el fallo, la UPR retomará las iniciativas eliminadas, Jordán Conde, indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que la UPR no toma decisiones de forma automática.
“La Universidad de Puerto Rico actúa conforme a la normativa federal y estatal vigente al momento en que adopta sus determinaciones administrativas. Cuando el marco regulatorio cambia o es objeto de revisión judicial, la Universidad evalúa nuevamente su alcance y ajusta sus políticas según corresponda”, dijo en declaraciones escritas.
“Este es un proceso dinámico que forma parte del deber de cumplimiento que tiene toda institución que recibe fondos federales”, añadió Jordán Conde.
Para acoplarse a las políticas de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se eliminó el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad en la Junta de Gobierno de la UPR —en marzo de 2025— y se detuvo un censo que buscaba recopilar datos sobre la comunidad afrodescendiente en el sistema universitario. Otras iniciativas, como subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH en inglés), también se afectaron por las políticas del Gobierno de Trump en contra de la diversidad y el programa Reaching a New Energy Sciences Workforce (RENEW) del Departamento de Energía, dirigido a apoyar a instituciones que atienden comunidades subrepresentadas en las ciencias.
Jordan Conde, que entró al puesto en junio de 2025, cuando ya estaban en vigor las políticas de Trump, dijo que la administración universitaria continúa evaluando el alcance del fallo judicial, emitido el 3 de febrero, y que por eso no ha hecho ningún cambio en las políticas impuestas el año pasado que anulan protecciones y garantías de respeto a la diversidad.
Alegó que las decisiones de eliminar iniciativas de diversidad adoptadas por la institución bajo la excusa de proteger fondos federales “no han afectado servicios esenciales ni protecciones contra el discrimen”.
“Nuestro compromiso continúa siendo garantizar un entorno académico accesible, respetuoso y conforme a ley, al tiempo que protegemos la estabilidad institucional y el acceso a fondos federales que sostienen múltiples programas académicos y de investigación”, señaló.
Pero la decisión de Jordán Conde, podría sugerir que las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) no se eliminaron únicamente para proteger fondos federales, porque aun con la determinación judicial, ha decidido mantenerlas en suspenso y plantea que hay que hacer un análisis para restaurarlas, según lo ve la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.
“No existe absolutamente nada que impida a la administración de la UPR o cualquier entidad educativa, restaurar todo programa o iniciativa previamente afectada por una directriz que ya no está en vigor. Incluso estando en vigor, el camino correcto era cuestionar y combatir la aplicación de una medida a todas luces discriminatoria e ilegal. En vista de que eso no se hizo y, en su lugar, la decisión fue la aplicación y desmantelamiento inmediato de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, cabe cuestionar las razones reales por las cuales no se restablecerían iniciativas con la misma rapidez que se pusieron en pausa”, señaló Martínez Orabona.
ACLU fue la organización que demandó al Departamento de Educación Federal en representación de la Asociación Nacional de Educación (NEA en inglés), el Center for Black Educator Development y varios distritos escolares de New Hampshire.
De igual forma, cuando se emitió la determinación judicial, Sarah Hinger, subdirectora del Programa de Justicia Racial de la ACLU explicó que “el falló [del tribunal] afirma que el profesorado debe ser libre para enseñar y que el estudiantado tiene derecho a una educación completa y honesta, que refleje la diversidad de sus comunidades y lo prepare para participar en nuestra democracia”.
El Departamento de Educación federal emitió en febrero de 2025 una circular en la que advirtió que trataría las iniciativas que promovieran la diversidad, equidad e inclusión como ilegales y amenazó con retener fondos federales.
Ante la implementación del mandato, la ACLU argumentó en la demanda contra la agencia federal presentada en marzo del año pasado que las restricciones vulneraban derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y establecían, de forma indebida, límites sobre lo que el personal docente puede enseñar e investigar, así como sobre lo que el estudiantado tiene permitido aprender.
La ACLU sostuvo que la carta del Departamento de Educación tergiversó un fallo de 2023 del Tribunal Supremo federal contra la Universidad de Harvard y a favor de la organización Students for Fair Admissions, que busca eliminar las consideraciones raciales y étnicas en los procesos de admisión universitaria. La ACLU expuso en la demanda que la decisión a favor de la organización sólo se centró en el uso de la raza como un factor formal en los procesos de admisión universitaria, y no implicó prohibiciones sobre el currículo, los grupos estudiantiles, los programas de DEI ni las iniciativas de diversidad neutrales en cuanto a raza.
Testimonios recogidos por el CPI documentan denuncias de acciones racistas reportadas por estudiantes y profesores, así como señalamientos de estudiantes trans que aseguran que la violencia en su contra ha aumentado tras las políticas impulsadas durante la administración Trump, las cuales llevaron a la UPR a eliminar protecciones dirigidas a esta población. En el caso de la eliminación de protecciones relacionadas con género, la UPR sostiene que actúa en cumplimiento con el “Guidance for Recipients of Federal Funding Regarding Unlawful Discrimination”, emitida el 29 de julio de 2025 por la fiscal general de Estados Unidos.
Las políticas del Gobierno de Trump sobre los temas de diversidad racial también se han extendido a entidades que financian investigaciones de la UPR, como los Institutos Nacionales de Salud (NIH en inglés), que el pasado año anularon ocho proyectos de la institución enfocados en diversidad y raza —cuatro de ellos en el Recinto de Ciencias Médicas—, lo que dejó a la Universidad sin recibir más de $4.5 millones en fondos que no habían sido desembolsados, según informes de los NIH.
Para establecer sus políticas contra la diversidad, el Departamento de Eduación federal interpretó el Título IVde la Ley de Derechos Civiles (que prohíbe la discriminación por motivos de raza) y la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de Estados Unidos como una medida para exigir a las universidades la eliminación de programas y políticas sobre diversidad.
Tras el fallo de febrero, Martínez Orabona exhortó a los administradores de escuelas y universidades a “restaurar de inmediato cualquier programa, investigación o iniciativa afectada durante el pasado año por esta directriz ilegal”.
La abogada afirmó que “todos los estudiantes tienen derecho a una educación en un entorno seguro que respete su dignidad y que le provea todas las herramientas necesarias para su desarrollo; nadie debe ser invisibilizado en ningún salón de clases en Puerto Rico”. Añadió que “quienes educan saben que la diversidad, la equidad y la inclusión son la base de una democracia que aspira a ser justa”.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.
