San Juan, 8 feb (EFE News) – Los representantes José Bernardo Márquez y Jesús Manuel Ortiz, miembros del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático (PPD), respectivamente, presentaron este lunes el Proyecto de la Cámara 508 para establecer la «Ley contra las puertas giratorias» en el Gobierno de Puerto Rico».
El proyecto prohibiría, según un comunicado, que funcionarios públicos de alto nivel ejerzan la profesión de «cabildero» hasta cuatro años después de culminada su gestión.
Así también, el proyecto ampliaría las restricciones que tienen los funcionarios públicos de sostener relaciones profesionales con negocios o personas sobre las cuales ejercieron acciones oficiales durante su gestión.
«Cada vez es más común que funcionarios públicos salen del servicio público a trabajar como ‘cabilderos’, influenciando a quienes fueran sus colegas o supervisores en el gobierno en representación de intereses privados», reza la medida.
«Por otra parte, existe la posibilidad de que un funcionario público se deje influenciar en la toma de decisiones oficiales o que un legislador decida apoyar, suscribir u oponerse a cierta legislación ante una promesa implícita o explícita de trabajo lucrativo en el sector privado», subraya.
«Estas prácticas se conocen en conjunto como las ‘puertas giratorias’ mediante las cuales funcionarios públicos oscilan entre el servicio público y trabajos lucrativos en el sector privado donde explotan la influencia, los contactos y el conocimiento adquirido en el sector público», asegura.
La prohibición del ejercicio del cabildeo por cuatro años aplicaría al gobernador y sus asesores, jefes de agencias, senadores, representantes y alcaldes.
«Estamos estableciendo lo que en otros lugares se conoce como ‘cooling off periods’, o periodos de enfriamiento, de manera que por un periodo razonable estos exfuncionarios públicos no utilicen sus contactos y el acceso a información que tuvieron en beneficio de intereses privados», sostuvo el representante Márquez.
«Lo hemos visto en demasiadas ocasiones y nos parece una práctica antiética que amerita legislación», indicó.
La medida cita un informe de la organización Public Citizen que detalla que 33 jurisdicciones de Estados Unidos tienen restricciones a las puertas giratorias.
El proyecto también duplicaría el periodo por el cual un funcionario público está prohibido de contratar o mantener relaciones de negocio con personas sobre las cuales desempeñó acciones oficiales.
