San Juan, 5 ene (EFE News) – El representante por el Distrito 23, José Rivera, presentó este martes sendas resoluciones solicitando a varias comisiones camerales «minuciosas investigaciones» para trabajar de manera urgente informes concluyentes sobre las situaciones que afectan drásticamente a las escuelas en ese distrito sureño por el terremoto.
La primera Resolución sería remitida a las Comisiones de Educación y de Seguridad de la Cámara Baja, para que estas realicen una investigación exhaustiva en torno al proceso de reapertura, reparación o reubicación de los planteles escolares del Departamento de Educación (DE) ubicados en los municipios de la zona sur de Puerto Rico, los cuales sufrieron daños estructurales como consecuencia de los terremotos del pasado año.
Para el recién juramentado legislador por los pueblos de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, el regreso de los estudiantes y maestros a los planteles de manera segura es vital, «pues la educación a distancia no parece haber logrado estándares aceptables tanto académica como emocionalmente».
«No podemos perder otro año sin que nuestros estudiantes del sur reciban una formación adecuada. Ya experimentamos el caos que ha constituido la educación virtual y la realidad de que cientos de estudiantes carecen de los dispositivos e internet necesarios debido a la ineficacia y la improvisación del Departamento de Educación», dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
Añadió, en un comunicado, que, dado el caso que la designada secretaria de Educación proviene de la presidencia de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) sería de esperar que esté al tanto de la situación, que perjudica además a los docentes y a los padres de los alumnos, y que sea recurso de colaboración en esta agenda Investigativa de búsqueda de soluciones.
«Una vez las Comisiones cuenten con la información necesaria, se podrá de manera responsable, emitir un informe que sirva como instrumento de trabajo para desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo con relación al regreso de nuestros maestros y estudiantes a las escuelas, incluyendo un plan de inmunización contra la covid-19 para maestros, empleados del DE y estudiantes», sentenció el legislador.
Una segunda resolución que definiría el patrón para atender el tema educativo, también fue presentada por el representante Rivera Madera en la que, solicita que se establezca 12 meses de antelación como tiempo mínimo para que el gobierno central informe sobre el cierre de un plantel.
«Estamos totalmente en contra del cierre de escuelas, y las que cerraron, en la mayoría de los casos, fueron clausuradas con un aviso de menos de un mes y a veces una semana, con objetivos desconocidos, pues muchas terminaron arruinadas y otras en manos de los allegados al Partido Nuevo Progresista (PNP)», expuso.
Rivera afirmó que eso se tiene que acabar y que si el gobierno pretende cerrar una escuela deberá avisarlo con un año de anticipación y proveer la alternativa de vistas públicas con la comunidad escolar, padres y estudiantes para escuchar los reclamos y sus posibles alternativas.
«No se puede cerrar una escuela en Barinas (Yauco), Las Magas ( Guayanilla) Tallaboa Alta, (Peñuelas) o el Tuque en Ponce, con un «croquís» y determinación burócrata desde Hato Rey, donde no saben cómo -sin GPS- llegar a ellas», concluyó Rivera.
