San Juan, 20 mar (EFE News) – El representante popular Orlando José Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presentó esta semana el Proyecto de la Cámara 610 para eliminar el artículo 7.148 de la Ley 107 del 2020, «Código Municipal de Puerto Rico», a los fines de eliminar el impuesto al inventario y sobre la propiedad mueble, que es la aportación que hace el fabricante, comerciante o negociante sobre el inventario promedio que estos posean anualmente.
«Después del huracán María, la falta de inventario disponible aumentó a 44%, según datos de Professional Market Research. Entre enero y junio de 2018, se mantuvo en 23.12% y en septiembre de dicho año cerró en 20.35%. A pesar de la disminución, la falta de inventario disponible no ha alcanzado el nivel que tenía antes del huracán, 13.89%», argumentó el legislador, según un comunicado difundido este sábado.
Ante esa realidad, «se suma que la falta de inventario en los comercios y almacenes de Puerto Rico que ha experimentado en la Isla no ha mejorado desde el paso de los huracanes Irma y María, luego los sismos en área Sur y ahora, la tan alargada crisis que la pandemia de la covid-19 ha generado», agregó.
«Al radicar esta medida, cumplo con una promesa a mis constituyentes», aseguró el también abogado.
La medida especifica que según la empresa Professional Market Research los niveles de faltante en góndolas («Out of Stock») promedian un 21% para los meses de agosto y septiembre, cuando idealmente debe ser un 8% o menos.
Para diciembre 2019 los niveles de fuera de stock estaban en un 11%, unos 10 puntos por debajo.
Según los comerciantes, esto se debe en gran parte a los retos logísticos y de producción, así como la falta de inventario preventivo debido al alto costo de este impuesto.
Se estima que actualmente los comercios solo tienen inventario para menos de 21 días, lo cual coloca a la isla en una posición muy vulnerable para enfrentar cualquier crisis o catástrofe natural, según la empresa de investigación de mercados.
La eliminación del impuesto al inventario tiene el fuerte y consistente aval de varias organizaciones como la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, entre otros.
Por otro lado, entidades como la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se oponen a la eliminación del mismo, argumentando que dichos fondos regresan a las comunidades y ciudadanía por medio de los municipios, en servicios de seguridad, salud, recogido de basura, y actividades educativas y recreativas, entre otros.
«Con la radicación de esta medida, se abre la discusión profunda sobre el tema. Mi interés es que toda la ciudadanía interesada participe de las vistas públicas, así como las entidades a favor y en contra. Vamos a ejercer nuestros derechos democráticos de la manera más amplia posible. La economía del País merece que todos pongamos de nuestra parte», concluyó Aponte.
