San Juan (EFEUSA) – Un par de miembros del opositor Partido Popular Democrático (PPD) emplazaron hoy al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, y al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ante presuntos acuerdos entre éstos sobre el inminente recorte en las pensiones de 160,000 retirados.
El senador y presidente del PPD Aníbal José Torres y el representante Jesús Manuel Ortiz aseguraron que una revisión de los últimos dos planes fiscales demuestra acciones dirigidas a posponer el grueso de los recortes de las pensiones de los retirados hasta después de las elecciones generales del 2020, mientras públicamente el Gobierno desarrolla una falsa narrativa contra los recortes.
«La supuesta teoría de la debacle financiera que venía pregonando la Junta si no se reducían las pensiones el próximo año fiscal se hizo sal y agua cuando accedió a posponer el grueso de esos recortes hasta pasadas las elecciones de 2020, mientras el gobierno comunica una falsa indignación», sostuvo Torres en un comunicado de prensa.
«Este acomodo, que tendrá efecto real en dos años fiscales, demuestra dos cosas: primero, que no había tal urgencia de recortar las pensiones y segundo, que evidentemente el elemento de minimizar el impacto político al gobierno fue parte de esta ecuación. Carrión y el gobernador le deben una buena explicación al país», afirmó.
Asimismo, ambos legisladores del PPD presentaron copia de los dos últimos planes fiscales, siendo el primero de ellos, aprobado el 19 de abril del 2018, disponía que los recortes a las pensiones eran necesarios e impostergables para comenzar el 1 de julio del 2019.
Según los detalles del plan, en ese entonces, los ahorros proyectados en el primer año fiscal de recortes a 112,000 pensionados generarían $221 millones, de los cuales $36 millones se reinvertirían en el Seguro Social de los empleados públicos.
Eso, según el documento, le daría al Gobierno un ahorro neto de $185 millones en un año.
Sin embargo, este plan, de acuerdo con ambos legisladores, fue modificado hace dos semanas, cuando el pasado 9 de mayo, la JSF modificó las fechas y el monto de los recortes, posponiendo el impacto más fuerte de los mismos hasta después del año electoral.
Torres y Ortiz, a su vez, presentaron entonces los detalles del nuevo plan fiscal, que establece que para el año fiscal 2019-20, que culmina en verano del 2020, sólo se reducirán entre 1% y 5% de las pensiones de 40,000 retirados que, en conjunto con la congelación de pensiones, representa solo 1 millón de dólares en ahorros o el 0.006% de los recortes proyectados el año anterior.
Para Ortiz, dicho cambio provocará además un impacto mayor luego de noviembre de 2020 al aumentar a $245 millones el recorte que será responsabilidad de la próxima Administración.
«Por eso le exigimos hoy al gobernador y a la Junta que hagan públicas todas las comunicaciones relacionadas con el recorte de pensiones entre 2017 y mayo de 2019. Esa petición incluye cartas, correos electrónicos, minutas y documentos relacionados», puntualizó.
