La colectividad cuestionó que el refinanciamiento de deudas compromete a futuras generaciones de sanjuaneros
San Juan (EFE)
Miembros del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron este domingo la emisión de bonos por $323.7 millones aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de los cuales $209 millones se usarán para refinanciar deudas que datan desde 2007 y años posteriores.
«El refinanciamiento de $209 millones aprobado por la JSF en vez de reducir la deuda del municipio de San Juan, la empuja hacia las próximas generaciones de sanjuaneros», lamentó en un comunicado el secretario general de la colectividad, Manuel Calderón que denunció junto a la legisladora y portavoz del PPD en la Legislatura de San Juan, Ingrid Colberg.
«Esta acción por parte del alcalde Miguel Romero repite el patrón de administración fiscal negligente que llevó al Gobierno central de Puerto Rico a la quiebra: endeudarse hoy, diferir el pago para el futuro, y presentarlo como si fuera un logro», añadió Calderón.
Por su parte, Colberg aseguró que lo que la administración Romero llama ahorro no es ahorro, «es una ilusión contable».
«Los pagos anuales son menores porque el 60% de la deuda no se está pagando: se está aplazando. En 2033, la próxima generación de sanjuaneros tendrá que enfrentar un pago global de $123.9 millones que Romero no quiso pagar hoy. Eso no es gestión fiscal responsable», sostuvo la legisladora.
Asimismo, Colberg señaló que el 90% de la deuda que hoy se refinancia fue contraída por las administraciones de Jorge Santini y Miguel Romero.
«En vez de corregir ese legado, Romero lo perpetúa, extiende vencimientos de deuda que lleva dos décadas circulando, la amortiza mínimamente, y la traslada íntegra a quienes gobiernen después de él. Esto es exactamente lo que hizo el gobierno central antes del Título III: vivir del crédito y dejar que otros paguen la cuenta», afirmó.
Tanto para Colberg como para Calderón alertaron que las proyecciones del propio Plan Fiscal Certificado de la Junta, que anticipa una caída poblacional de 17% entre 2029 y 2053 y un envejecimiento acelerado de la base contributiva.
«La comunidad sanjuanera que tendrá que pagar los $123.9 millones en 2033, será más pequeña que la de hoy. Los ingresos extraordinarios de 2020–2026, en parte producto de fondos federales post-pandemia y actividad de construcción no recurrente, no pueden garantizarse para ese momento», advirtieron.
En este contexto, Colberg presentó una solicitud formal ante la JSF en la cual solicitó se pospusiera la autorización hasta que se realizara una evaluación exhaustiva, independiente y transparente, y se divulgara toda la información necesaria para que la ciudadanía pudiera evaluar la conveniencia fiscal de la transacción.
«Las decisiones sobre la deuda pública no pueden evaluarse desde la perspectiva de quién gobierna hoy, es necesario que contemple quien paga mañana. El alcalde se favorece ahora y compromete a los sanjuaneros del futuro», sentenciaron Colberg y Calderón.
