La empresa radicó una querella contra Javier Vázquez Morales por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de energía
SAN JUAN (EFE)
La compañía Power Expectations informó este lunes que radicó una querella contra el abogado de la compañía Enchanted Rock y asesor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Javier Vázquez Morales, por presuntamente cometer varios delitos, entre ellos, fraude y conspiración en un contrato para implementar el proyecto de energía temporera de 400 megavatios.
En la querella sometida por Robert Fournier, asociado de Power Expectations, se le señala también a Vázquez Morales por alegadamente incurrir en apropiación mediante engaño, obtención y uso indebido de secretos comerciales, posible uso o divulgación indebida de información confidencial y cualesquiera delitos que surjan de la investigación.
La querella contra el también socio capital del bufete de abogados O’Neil & Borges fue radicada en el Cuartel de la Policía en Hato Rey y copia de esta fue entregada al Cuerpo de Investigaciones Criminales y al Departamento de Justicia.
Power Expectations solicitó en la querella «que la investigación se base en fuentes primarias», como contratos, cartas de representación, memorandos, registros de conflictos, correos electrónicos, mensajes, metadata, calendarios, notas de reuniones, documentos transmitidos a todas las partes involucradas.
El asesor legal de Power Expectations, Abraham Freyre Medina, adelantó ayer, domingo, que la empresa examinaba las actuaciones de Vázquez Morales ante la posibilidad de que violó las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico aprobadas por el Tribunal Supremo.
Específicamente se refirió a la Regla 1.18 que establece los deberes frente al cliente potencial, la Regla 1.7 que prohíbe los conflictos de interés, la Regla 1.9 que establece los deberes relacionados con información de clientes anteriores y la Regla 1.6 que exige la confidencialidad de la información obtenida.
Del mismo modo, dijo que Vázquez Morales pudo haber violado el Artículo 176 que regula la revelación de secreto profesional, cometió conspiración y violó la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, que define el espionaje corporativo.
