San Juan, 28 oct (EFE News) – Varios miembros del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron este miércoles que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera, y Carlos Méndez, respectivamente de presuntamente encubrir gastos, nóminas y contratos de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la Superintendencia del Capitolio.
Según aseguraron en una conferencia de prensa el representante Luis Vega Ramos y el candidato a la Cámara por el Distrito 4 de San Juan, Manuel Calderón, Rivera y Méndez habrían dirigido presuntos esquemas para favorecer a amigos, allegados y donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) por millones de dólares, tanto en gastos ordinarios como en proyectos especiales.
«Por la naturaleza menos visible de la OSL y la Superintendencia del Capitolio y la OSL, las mayorías parlamentarias del PNP tienen la mala costumbre de esconder allí, en su nómina, contratos y en sus proyectos especiales, como los de ‘construcción de obras’, los favores y los premios a sus allegados y donantes», dijo Vega.
Calderón, por su parte, reclamó la divulgación inmediata de todos los gastos en OSL y la Superintendencia del Capitolio en conformidad a las determinaciones previas de los tribunales en las peticiones que ya han sido resueltas.
«Ya el tribunal resolvió claramente que todos los gastos adscritos a la Legislatura son públicos. Publiquen lo que falta. Yo fui parte del grupo que presentamos recursos legales», indicó.
«Como parte de una nueva generación de puertorriqueñas y puertorriqueños que buscamos servirle al país genuinamente, y como uno de los que hemos presentado demandas ante los tribuna, es para que se sepa toda la verdad, exijo que Méndez y Rivera Schatz divulguen toda la información sobre todos los gastos de OSL y la Superintendencia», enfatizó.
Igualmente, Vega Ramos y Calderón criticaron a ambos líderes legislativos por la construcción del proyecto «Plaza del Creyente», que ya ha superado los $200,000 y que incluye una escultura cuyo costo o motivo «no ha sido revelado».
Los dirigentes populares acudirán a tribunales en la medida que la información reclamada no sea divulgada en las próximas 48 horas.
