Aracelys Terrero fue deportada sin orden judicial pese a tener visa válida y protección por violencia de género
SAN JUAN (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico confirmó este miércoles que Aracelys Terrero, inmigrante dominicana que fue detenida ilegalmente en Cabo Rojo, fue liberada bajo fianza y podrá regresar a Puerto Rico.
«La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y tanto las autoridades municipales, como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto», subrayó Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
En este contexto, la ACLU alertó de que no se trata del final del proceso tras la detención ilegal y sostuvo que este caso ejemplifica el de otras personas inmigrantes detenidas de forma arbitraria y discriminatoria.
Asimismo, Martínez advirtió que la libertad bajo fianza no pone fin al proceso administrativo que enfrenta la mujer, por una detención ilegal y lamentó que este proceso, además, impone sobre Terrero una carga «emocional, física y económica, atada a una detención arbitraria».
«Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas», añadió Martínez.
La ACLU criticó que Terrero, una ciudadana dominicana que reside en Puerto Rico con permiso de trabajo aprobado y cobijada como sobreviviente de violencia de género por la ley VAWA (ley federal de Violencia contra la Mujer), fue intervenida por un agente municipal y detenida por agentes federales de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Cabo Rojo, a pesar de presentar una visa y permisos migratorios al día.
El agente de la Policía Municipal que hizo la denuncia no tenía orden judicial ni autoridad legal para referirla a los agentes migratorios.
Tras ser detenida, Aracelys desapareció del sistema electrónico, fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos sin respetar el debido proceso de ley y estuvo en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.
Por su parte, Ángel Robles, abogado de inmigración de Aracelys que colaboró con la ACLU dijo que el Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público «no pueden convertirse en partícipes de la barbarie».
«Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros», concluyó Robles.
La ACLU envío el lunes, 9 de junio, una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón exigiendo que se detalle, de forma transparente, la información que el gobierno estatal compartió con autoridades federales sobre inmigrantes.
Por último, la unión solicitó la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género y la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, entre otros asuntos.
