SAN JUAN (EFE)
La Asociación de Policías Unidos Luchando informó este domingo que acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para reclamar el cumplimiento de la ley que garantiza a los policías retirados un ingreso de retiro de al menos el 50% de su salario.
La organización presentó una demanda contra la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
APUL sostuvo que las disposiciones establecidas mediante el Reglamento 9755 y la Carta Circular 2026-06 han tenido el efecto de excluir a policías retirados y reducir los beneficios que les corresponden.
Según la asociación, la Asamblea Legislativa creó el Fideicomiso para el Retiro de la Policía para garantizar un retiro justo y digno a quienes dedicaron décadas al servicio público y arriesgaron sus vidas para proteger a Puerto Rico.
La organización señaló entre los afectados a policías que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013, quienes alegadamente fueron excluidos completamente de la distribución, y a retirados a quienes se les descontaron beneficios del Seguro Social que no reciben.
APUL también cuestionó que se hayan retenido fondos que, a su entender, la ley ordena distribuir y que se exigiera completar solicitudes y presentar documentos adicionales bajo la advertencia de perder el beneficio.
El efecto, según la organización, fue que numerosos policías retirados no recibieron pago alguno o recibieron una cantidad menor a la correspondiente en la distribución efectuada el 30 de junio de 2026.
Las cifras divulgadas por la Junta de Retiro indican que, de aproximadamente 2,752 policías que se estimaban elegibles, solamente 1,011 habían presentado la solicitud durante los primeros días de funcionamiento de la plataforma.
“Los policías retirados no están pidiendo un favor. Están pidiendo que se cumpla la ley. La Legislatura fue clara y la aplicación de determinados criterios termina pagando menos y excluyendo a compañeros que dieron hasta treinta años de servicio”, expresó Gabriel Hernández, presidente de APUL.
“APUL no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos al tribunal a defender a cada policía retirado de Puerto Rico”, agregó.
En la demanda, APUL solicita al Tribunal que declare nulas las disposiciones que considera ilegales del Reglamento 9755 y de la Carta Circular 2026-06.
También pide que se ordene recalcular y pagar correctamente la distribución correspondiente al 30 de junio de 2026 y que las futuras distribuciones se realicen conforme a la ley, con criterios claros y sin exclusiones, descuentos o requisitos no autorizados.
