Discuten cambios a la Ley 54 para reforzar medidas de protección a víctimas
SAN JUAN, Puerto Rico – La imposición obligatoria de supervisión electrónica en casos de violencia doméstica cuando se conceda fianza generó un intenso debate este miércoles en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. La discusión se centró en el Proyecto de la Cámara 15, que propone enmendar la Ley 99-2009 y establecer la obligatoriedad del grillete electrónico y la delimitación de zonas de exclusión.
Diversos sectores llevan años impulsando esta medida como un refuerzo en la protección de las víctimas. Sin embargo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico manifestó reservas, advirtiendo sobre las posibles repercusiones de aplicar esta medida de forma automática.
“La realidad es que en ocasiones la persona que realmente es víctima de la violencia puede terminar enfrentando cargos en su contra”, sostuvo la licenciada Noeli Pérez, en representación del Colegio, en una ponencia firmada junto a la presidenta de la entidad, Vivian Godineaux.
Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, respaldó la propuesta y recordó que la agencia ha recomendado previamente establecer esta condición como obligatoria y no discrecional. Además, insistió en la necesidad de revisar la Ley 54 de manera integral debido al alto número de enmiendas que ha recibido desde su aprobación en 1989.
“Hay que hacer una revisión de la Ley 54. Eso es innegable”, enfatizó Bermúdez.
Posibles cambios a la Ley 54
El presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, sugirió que, en lugar de continuar con enmiendas parciales, se evalúe la creación de un nuevo estatuto que compile las 45 modificaciones que ha sufrido la Ley 54 junto con los cambios que puedan aprobarse en el futuro.
“Esto es una ley que continuamente estamos trabajando sobre ella. Yo creo que hay que sentarnos todos y comenzar a repensar si es necesario hacer una nueva ley”, expresó el legislador.
Mientras, el representante Ángel Morey Noble propuso la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Asuntos de la Mujer para abordar estos cambios de manera más estructurada.
Preocupación por los tiempos de vista en alzada
Otro aspecto que generó controversia en la vista pública fue la propuesta de limitar a un máximo de tres días laborables el tiempo para celebrar vistas de determinación de causa probable para arresto en alzada.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) expresó su oposición a esta medida, argumentando que podría afectar la flexibilidad del sistema judicial para atender estos casos de manera efectiva.
“El que se fije procesos operacionales bajo legislación puede limitar la capacidad de respuesta administrativa”, expuso Sigfrido Steidel Figueroa, director de la OAT.
No obstante, la procuradora Bermúdez rechazó esta postura y enfatizó que, en el pasado, la discreción judicial ha resultado en desprotección de mujeres que posteriormente fueron víctimas de feminicidio.
“Sabemos que hay un compromiso, todos aquí queremos lo mismo: salvar vidas. Pero cuando hay discreción y no se cumplen los procedimientos, ¿cuáles son las consecuencias? Si esto es estatutario, tiene que haber consecuencias”, expresó la funcionaria.
Más apoyo para las víctimas y rehabilitación de agresores
Durante la vista, la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, subrayó la urgencia de fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas y brindar mayor seguimiento a sus denuncias. Además, abogó por la rehabilitación de los agresores para evitar que reincidan en patrones de violencia.
Este debate se da en el contexto de una cumbre de emergencia celebrada el martes por la Comisión de Asuntos de la Mujer, en la que se discutió la crisis de violencia doméstica y contra la niñez en Puerto Rico, tras el trágico asesinato de dos menores en Río Grande.
