El Colegio de CPA respalda el PC 420 pero advierte sobre un error técnico; alcaldes y legisladores cruzan acusaciones sobre la sostenibilidad fiscal
SAN JUAN, Puerto Rico – El debate sobre el impuesto al inventario continúa intensificándose en Puerto Rico, luego de que el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y organizaciones del sector privado respaldaran el Proyecto de la Cámara 420 (PC 420), mientras alcaldes y legisladores intercambian fuertes críticas sobre las responsabilidades históricas y la falta de propuestas concretas para mitigar el impacto fiscal en los municipios.
La medida, que busca congelar por tres años el impuesto sobre la propiedad aplicable a inventarios, establece un periodo de transición entre 2025 y 2027 utilizando como base el promedio de inventarios entre 2022 y 2024. Si al cabo de ese término no se aprueba un mecanismo sustituto, el impuesto sería eliminado en 2028.
El CCPA, que ha abogado históricamente por la eliminación del impuesto al inventario, expresó su respaldo general al PC 420 como un “paso inicial en la dirección correcta”, pero advirtió que el lenguaje actual del proyecto contiene un error técnico que podría perpetuar, e incluso agravar, el impacto del impuesto en vez de eliminarlo.
Según explicó el presidente del CCPA, CPA David Rodríguez Ortiz, el texto legislativo no establece claramente la eliminación del impuesto una vez concluya el periodo de congelación. En cambio, modifica el método de cálculo, eliminando el promedio anual para basarse únicamente en el inventario al cierre del año fiscal. Esto, según el CCPA, penalizaría a los comerciantes que por razones operacionales mantienen inventarios elevados al finalizar el año, generando un efecto fiscal aún más oneroso.
“De no corregirse ese lenguaje, no solo se corre el riesgo de perpetuar el impuesto, sino de aumentar su impacto para ciertos comerciantes”, indicó Rodríguez Ortiz.
El Colegio exhortó a la Asamblea Legislativa y a la gobernadora Jenniffer González Colón a enmendar el proyecto antes de su aprobación final, para que se garantice la eliminación del impuesto como originalmente se ha planteado.
Además, el CCPA reiteró su compromiso con la búsqueda de alternativas para sustituir esta fuente de ingresos municipales, trabajando en propuestas que no afecten desproporcionadamente al consumidor ni al ecosistema comercial. Aunque no se detalla públicamente una fórmula específica, el Colegio adelantó que explora soluciones que puedan generar recaudos equivalentes sin desalentar el almacenamiento ni el abastecimiento adecuado de productos.
“El impuesto al inventario es un obstáculo para mantener abastos adecuados, especialmente en tiempos de emergencia. Su eliminación es esencial para proteger el bienestar de las familias puertorriqueñas”, subrayó el presidente del gremio.
Comité de alcaldes trabaja alternativas
En paralelo, la Federación de Alcaldes —que agrupa a los municipios bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista— anunció la creación de un comité de trabajo que, a partir de esta semana, comenzará reuniones formales para desarrollar propuestas concretas que sustituyan el impuesto al inventario sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los ayuntamientos.
La preocupación principal de los alcaldes es la posible pérdida de $314 millones anuales, cifra que actualmente sostiene tanto servicios esenciales como el pago de deudas municipales.
“Necesitamos definir una fuente de ingreso recurrente, estable y justa que sustituya esos fondos. No se trata de defender un impuesto, sino de proteger los servicios básicos de nuestras comunidades”, afirmó Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, presidente de la Federación.
Cruce de acusaciones políticas
El tono del debate subió de nivel con la carta del senador por el distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos, quien respondió públicamente a las críticas del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. En la misiva, el senador acusó al alcalde de no haber levantado la voz en pasadas legislaturas cuando se tomaron decisiones que afectaron gravemente a los municipios.
“El PC 420 no elimina el impuesto, lo congela mientras se define una alternativa justa. Resulta contradictorio que algunos alcaldes del PPD hablen de falta de alternativas cuando su delegación no ha presentado ninguna propuesta viable”, expresó Reyes Berríos.
Sector privado pide acción a la gobernadora
El sector comercial también entró de lleno en la discusión. Organizaciones como ACDET, Hecho en Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas expresaron su respaldo al PC 420 y solicitaron a la gobernadora que firme la medida. Argumentan que esta garantizará mayor disponibilidad de productos, reforzará la seguridad alimentaria y aportará estabilidad a la cadena de suministros del país.
“El país necesita liderazgo, certeza y acción. Firmar este proyecto es ponerse del lado del pueblo, del consumidor y del futuro económico de Puerto Rico”, declaró José González, presidente de ACDET.
En busca de una solución equilibrada
A pesar del respaldo multisectorial, el destino final del proyecto depende de la voluntad política y la capacidad técnica para establecer una alternativa fiscal viable antes de que expire el periodo de transición.
Con comerciantes, contadores, alcaldes y legisladores participando activamente en el debate, el reto principal es traducir el consenso general sobre la necesidad de eliminar el impuesto en acciones legislativas concretas que aseguren estabilidad fiscal para los municipios sin cargar al consumidor ni paralizar la actividad económica.
