Organización denuncia que reapertura de bases militares responde a una agenda colonialista y anexionista
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización política Plan B Independencia rechazó categóricamente las recientes declaraciones del brigadier general Arturo Garffer, actual secretario del Departamento de Seguridad Pública, en las que propone reabrir la base militar de Roosevelt Roads y otras instalaciones castrenses en la isla.
Según el grupo, estas expresiones representan un intento de los sectores anexionistas por frenar el avance del independentismo ante la crisis del régimen colonial y el descrédito de la estadidad como opción de descolonización. En su comunicado, Plan B denunció que la militarización de la isla responde a una estrategia de subordinación al gobierno de Estados Unidos, impulsada con el respaldo de entidades como la Heritage Foundation.
“La remilitarización de Puerto Rico es un retroceso histórico que busca atarnos a un modelo de subordinación colonial, cuando lo que necesitamos es pensar en una seguridad centrada en el bienestar humano”, señaló el Dr. Carlos Rivera Lugo, portavoz del movimiento.
La organización recordó que el pueblo puertorriqueño logró el cierre de bases militares en Vieques, Culebra, Ramey y Ceiba tras intensas luchas sociales, particularmente después de la muerte del civil David Sanés en 1999. Enfatizaron que estas comunidades aún enfrentan las secuelas de la contaminación, incluyendo una alta incidencia de enfermedades como el cáncer.
Plan B también denunció que reabrir estas instalaciones convertiría nuevamente a Puerto Rico en blanco de conflictos militares ajenos, sin que existan amenazas reales en la región. “No hay evidencia de que Venezuela, Rusia o China representen una amenaza a nuestra seguridad”, expresó el comunicado.
La economista y también portavoz del movimiento, Dra. Marta Quiñones, advirtió sobre los efectos económicos adversos de la presencia militar. “Las bases militares no generan desarrollo económico real. Crean dependencia artificial y profundizan la desigualdad”, afirmó.
La entidad independentista también cuestionó que un funcionario civil como Garffer, con antecedentes en la OTAN y operaciones bélicas, emita declaraciones que, según alegan, convierten al país en una “pieza del tablero militar de Estados Unidos”.
“El derecho internacional reconoce que un pueblo colonizado tiene derecho a vivir en paz y decidir libremente su destino. Reabrir bases sería una violación a ese derecho”, indicó el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.
Finalmente, Plan B Independencia instó a la gobernadora a desautorizar públicamente al general Garffer, advirtiendo que el silencio oficial podría interpretarse como complicidad. El grupo reiteró su oposición a cualquier intento de reinstalar presencia militar en la isla y reafirmó su compromiso con la soberanía, la justicia social y un modelo de desarrollo económico sostenible.
