La organización independentista alega que la Gobernadora y un alto funcionario de la Marina de EE. UU. impulsan proyectos militares sin transparencia ni consulta ciudadana
SAN JUAN, Puerto Rico — El Centro de Pensamiento Para la Acción Plan B: Independencia denunció este lunes que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, lidera junto al capitán de la Marina de los Estados Unidos, Elmer L. Román, un proceso de remilitarización encubierta de la isla, sin consulta ni conocimiento del pueblo. Según la organización, estas acciones se estarían llevando a cabo mediante proyectos de infraestructura e inversión impulsados desde la oficina del Assistant Secretary of the Navy for Energy, Installations and Environment (ASN [E I & E]), cargo que ocupa actualmente Román.
En su rol, Román administra recursos multimillonarios para la planificación, construcción y manejo de instalaciones navales, energéticas y ambientales. Según Plan B, bajo esta dirección se han destinado cientos de millones de dólares a obras cuya naturaleza, propósito y localización no han sido divulgadas públicamente.
La organización sostiene que estos proyectos se ejecutan sin transparencia, sin participación ciudadana y sin cumplir con procesos de permisos ambientales requeridos por leyes locales y federales. Según la denuncia, Puerto Rico está siendo transformado en una plataforma de operaciones militares estratégicas, sin el consentimiento de su población.
El abogado y portavoz de Plan B, Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez, expresó que “el uso de esta posición en la Marina de Guerra de los Estados Unidos por el capitán Elmer L. Román para ejecutar proyectos que degradan al pueblo de Puerto Rico y lo empobrecen, con el único propósito de manipular la opinión pública para intentar frenar el crecimiento del independentismo, debe denunciarse y censurarse enérgicamente”.
El grupo también señala que la narrativa que vincula el desarrollo económico con la presencia militar es falsa. Citando estudios del Dr. José Caraballo Cueto, del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, destacan que los municipios que anteriormente albergaron instalaciones militares tienen aún tasas de empleo por debajo del promedio.
“El fracaso de la estadidad en Washington no le da autoridad a la gobernadora para convertir nuestro territorio en un enclave militar”, afirmó el profesor Javier A. Hernández, estratega independentista y coautor del Plan Nacional de Desarrollo Económico para una Puerto Rico Soberana. Hernández también cuestionó la legalidad y legitimidad de utilizar fondos federales para proyectos que, según él, responden más a una agenda política anexionista que a las necesidades reales del país.
Plan B cuestiona si el capitán Román recibe instrucciones directas de la gobernadora y si se han utilizado canales oficiales para coordinar estos proyectos sin autorización del Congreso ni del presidente de los Estados Unidos. “El pueblo tiene derecho a saber qué se está construyendo, con qué fondos y con qué impacto ambiental”, agregó Hernández.
Asimismo, la organización denunció los impactos ambientales de actividades militares en la isla, señalando contaminación en suelos, acuíferos y ecosistemas costeros. Alegan que, aunque la Marina ha reconocido estos daños, las labores de limpieza y remediación permanecen incompletas. El comunicado cita el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de 2024, que criticó la falta de transparencia y justicia ambiental en territorios bajo jurisdicción estadounidense.
Plan B: Independencia exigió a la gobernadora y al capitán Román que publiquen todos los contratos, presupuestos, permisos y estudios ambientales relacionados con los proyectos en ejecución, y advirtió que no aceptará que se siga “hipotecando el territorio bajo la excusa de proyectos federales”.
Para más información, la organización invitó a visitar su portal digital en www.planbindependencia.org.
