Legisladores independentistas buscan indagar posibles impactos ambientales y procesos de permisos en fincas colindantes al embalse en Toa Alta
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes presentaron resoluciones para investigar actividades de extracción de materiales de la corteza terrestre y movimiento de terreno en fincas cercanas al Lago La Plata, en Toa Alta.
Las medidas, identificadas como la Resolución del Senado 492 y la Resolución de la Cámara 665, ordenan pesquisas sobre el alcance de las actividades denunciadas, el cumplimiento con reglamentos ambientales y el posible impacto sobre la sedimentación del embalse.
Según el PIP, residentes y comunidades del barrio Ortiz en Toa Alta han expresado preocupación por trabajos realizados en terrenos aledaños al lago, mientras reportajes periodísticos también han señalado posibles efectos sobre la capacidad del embalse.
El Lago La Plata es una de las principales fuentes de agua potable para la región metropolitana y, de acuerdo con el comunicado, estudios científicos han documentado durante décadas la reducción de su capacidad de almacenamiento debido a procesos de sedimentación asociados a erosión en la cuenca hidrográfica del río La Plata.
“La protección del Lago La Plata no puede tratarse como un asunto secundario. Estamos hablando de uno de los principales embalses que sostiene el abastecimiento de agua potable para miles de personas en Puerto Rico”, expresó Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental del PIP.
Las resoluciones también buscan examinar la actuación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de la Oficina de Gerencia de Permisos en la otorgación, fiscalización y cumplimiento de permisos relacionados con extracción de corteza terrestre y movimiento de terreno.
“La sedimentación de nuestros embalses es una de las amenazas más serias para la seguridad hídrica del país. Permitir actividades potencialmente incompatibles con la protección de esta cuenca sin una fiscalización estricta sería una irresponsabilidad ambiental y administrativa”, sostuvo Alvarado Guzmán.
Por su parte, la presidenta del PIP en Toa Alta, Enerys Olaguibel Guemárez, indicó que las comunidades del barrio Ortiz llevan tiempo denunciando movimientos de terreno en el área.
“Esta investigación es necesaria para esclarecer qué está ocurriendo, determinar responsabilidades y asegurar que ningún interés privado, con fines de lucro, prevalezca sobre la protección del agua y de nuestras áreas naturales”, expresó.
La investigación propuesta incluiría la evaluación de actividades de extracción y remoción de terreno; cumplimiento con leyes y reglamentos ambientales; posibles efectos sobre la sedimentación del embalse; revisión de querellas radicadas ante agencias; y análisis de transacciones vinculadas a las entidades Golden Lake View Villas LLC, RJM Capital Fund LLC y Capital Nova LLC.
