Senadores independentistas denuncian riesgo sanitario tras derrames de sangre en la carretera PR-500
PONCE, Puerto Rico – La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado urgió este viernes una investigación legislativa ante denuncias de derrames de sangre y transporte inadecuado de residuos animales hacia el vertedero EC Waste, ubicado en la carretera PR-500 en Ponce. La medida busca indagar posibles violaciones ambientales y amenazas a la salud pública en comunidades aledañas.
La resolución, presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa, ordena a la Comisión de Salud y a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor a evaluar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al manejo y transporte de desechos animales.
Según explicó Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del PIP, la acción responde a denuncias de residentes de la comunidad Punta Diamante, quienes observaron el pasado 4 de diciembre de 2025 un camión de la empresa R4 Enterprises Corporation derramando sangre mientras se dirigía al vertedero. El vehículo habría salido del matadero de Yauco, aunque vecinos alegan que hechos similares han involucrado camiones provenientes de Arecibo y Caguas, algunos transportando cuerpos de animales desde clínicas veterinarias.
“Los vecinos han documentado estos incidentes y han compartido fotos del estado de los camiones y de los permisos visibles, lo que levanta dudas sobre la legalidad y seguridad de estas operaciones”, señaló Alvarado Guzmán.
Entre los aspectos que se pretende investigar están el tipo de licencias otorgadas, el cumplimiento del Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y las condiciones de operación establecidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos.
Las comunidades de Punta Diamante y La Cotorra han denunciado problemas persistentes como malos olores, posible exposición a patógenos y la atracción de vectores en áreas residenciales, muchas de ellas cercanas a zonas donde menores transitan o juegan.
A nivel municipal, el legislador ponceño del PIP, Dr. José Escabí Pérez, presentó una resolución en la Legislatura Municipal para exigir respuestas de las agencias pertinentes. Además, la senadora Santiago envió una carta a la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, alertándola sobre la situación y pidiendo su intervención.
La medida legislativa también solicita examinar la adecuacidad de los vehículos y equipos utilizados para el transporte de estos residuos, los protocolos del vertedero ante posibles derrames y el rol de fiscalización de las agencias competentes.
“El deber del Estado de proteger la salud pública y el ambiente exige una intervención oportuna y rigurosa”, concluyó Alvarado Guzmán, al insistir en la necesidad de actuar antes de que se produzcan daños mayores.
