San Juan, 3 de enero de 2022 (EFE) – El representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara baja, lamentó este lunes que el gobernador Pedro Pierluisi vetara una medida que buscaba limitar los derechos a los exgobernadores de proveerles escoltas de seguridad.
Según dijo Aponte en un comunicado de prensa, Pierluisi emitió un veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 19, eliminando la discreción del Comisionado de la Policía para proveerle escoltas a los exgobernadores de la isla cuando estuvieran físicamente en Puerto Rico.
El veto de bolsillo es el término que se aplica cuando el gobernador de Puerto Rico no toma acción al recibir un proyecto aprobado por la Legislatura y se vence el término para ser firmado.
De esta manera, la ley simplemente no existe y el gobernador no está obligado a explicar las razones o explicaciones para no haberla firmado, según se explicó en un comunicado de prensa.
Sin embargo, si la Asamblea Legislativa quiere insistir en el mismo, puede volver a radicar la medida.
El proyecto, aprobado en Cámara y Senado, enmendaba la Ley 2-1965, conocida como la Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Exgobernadores.
Esta ley propone dos requisitos: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo y que se prohíba «al comisionado o superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exgobernador que no cumpla con alguno de estos requisitos».
Por ‘requisitos’, el proyecto se refería a que el primer mandatario haya sido electo por elección popular, que no haya sido destituido y que no haya renunciado al cargo.
Ante ello, Alejandro García Padilla, Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset tienen derecho a escolta cuando están en Puerto Rico, pero no así Ricardo Rosselló, quien renunció al puesto en 2019.
