San Juan, 2 de agosto de 2021 (EFE) – El gobernador Pedro Pierluisi solicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que intervenga con un interdicto judicial en un conflicto laboral en un muelle de San Juan que ha provocado un impacto negativo en la cadena de distribución de bienes en la isla.
El conflicto patronal es entre la empresa Luis Ayala Colón, operadora de uno de los muelles de carga del área de Puerto Nuevo y la Unión de Trabajadores de los Muelles ILA 1740.
El conflicto surgió el 22 de junio, y desde entonces, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, entró como mediador.
Sin embargo, las partes no han llegado a un acuerdo.
«Se han evaluado todas las leyes aplicables para determinar las alternativas de intervención del gobierno con miras a terminar esta controversia que ha estado afectando nuestra economía», sostuvo Pierluisi.
«Al día de hoy, después de dos días más de intensas negociaciones, lamentablemente las partes no han logrado llegar a un acuerdo», agregó.
Y debido a que el tranque ha provocado un impacto negativo en la cadena de distribución de bienes en Puerto Rico y el comercio interestatal e internacional, Pierluisi recurrió a solicitarle a Biden que «invoque las disposiciones de la Ley Taft-Hartley para que el gobierno federal evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial».
Previo a tomar esta determinación, Pierluisi dijo que se evaluó el derecho aplicable al conflicto obrero-patronal que determina que el Gobierno de Puerto Rico está impedido bajo la ley federal y estatal de solicitar un interdicto judicial para detener el paro en lo que las partes continúan sus negociaciones.
El tranque se encuentra entre la empresa Luis Ayala y los trabajadores que comenzó a fines de 2019 cuando la compañía privada implementó un sistema de tecnología que requiere que los operadores de montacargas entren información de los contenedores en tiempo real en unos ordenadores portátiles.
No obstante, los camioneros protestaron, ya que, según alegan, manejar esos vehículos y al mismo tiempo hacer la función tecnológica pondría en riesgo su seguridad y la de sus compañeros.
Tiempo después, el patrono asignó dicha entrada de datos a los supervisores.
Sin embargo, la unión volvió a objetar la decisión, ya que entiende que esa es una labor de secretario que deben realizar los «checkers» (coordinadores de la llegada de barcos), quienes eran los empleados que hacían este trabajo antes, pero de forma manual.
La unión, por su parte, instruyó a los operadores de montacargas a no hacer ese trabajo.
La Ley 50 de 4 de agosto de 1957 y la Ley Federal Norris establecen que un gobierno estatal no puede intervenir en un conflicto obrero patronal privado, salvo que ocurran actos ilegales o de violencia.
Ante esto, la intervención del gobierno se ve limitada a actuar únicamente como mediador.
Al recurrir a la Ley Taft-Hartley se persigue que el gobierno federal intervenga y evalúe la posibilidad de proveer un remedio inmediato a la controversia.
De igual forma, el gobernador envió sendas cartas al Federal Mediation and Conciliation Service y al National Labor Relations Board.
La carta al Federal Mediation and Conciliation Service busca que este ente federal también entre a mediar entre las partes en el conflicto.
Pierluisi, no obstante, dijo que la activación de la Guardia Nacional en este caso no es viable, ya que esta no cuenta con el personal debidamente adiestrado para operar las maquinarias que se utilicen en el proceso de descargar y estibar a gran escala los contenedores.
Mientras, la carta al National Labor Relations Board busca que se agilice la resolución del caso sobre este particular que tiene ante su consideración.
«Continuaremos evaluando todas las alternativas de acción a nuestro alcance para que finalmente termine este conflicto y logremos restablecer la importación y exportación de bienes en el puerto de San Juan», apuntó el gobernador.
