San Juan (28 de abril de 2021) EFE – En aras de continuar promoviendo un gobierno de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal, el gobernador, Pedro R. Pierluisi, promulgó este miércoles la Orden Ejecutiva 2021-029 para requerir a las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas que realicen un proceso abierto, competitivo y público en la contratación de servicios profesionales cuando la cuantía es de $250 mil o más, durante un año fiscal.
Esta Orden se aplicará también a enmiendas cuando estas resulten en que la cuantía total de un contrato de servicios profesionales alcance o exceda el monto antes señalado, aunque el contrato original no haya alcanzado esa cantidad.
Así será a partir del 1 de julio de 2021, fecha en la que comienza el presupuesto del nuevo año fiscal y se evalúa la otorgación de la mayoría de los contratos gubernamentales.
Estos parámetros también aplicarán a cualquier contrato o enmienda que vaya a estar vigente, así como a los contratos que sean sufragados con fondos federales o sean parte de programas especiales regulados, siempre y cuando estos no sean incongruentes con las guías, propuestas, regulaciones o asignaciones de fondos federales aplicables.
“Este gobierno le declara una guerra frontal a la corrupción e implementará una serie de medidas para brindar mayor transparencia y para prevenir, identificar y combatir actos de corrupción. Esta Orden Ejecutiva es parte de nuestro programa de gobierno y es cónsona con nuestro propósito de reforzar la estructura gubernamental, para que esté enfocada en la eficiencia y la ejecución. Además, es nuestra intención poder implementar las mejores prácticas de gerencia para obtener resultados medibles y disponer un sistema de contratación competitivo, eficiente y transparente”, añadió el gobernador en un comunicado.
El estado de derecho vigente establece procesos abiertos y competitivos para adquirir diversos bienes y servicios, pero no dispone de tales requisitos en la contratación de servicios profesionales, lo que pudiera conducir a la contratación de servicios innecesarios o a un mayor costo.
Según dispuesto en la Orden Ejecutiva todas las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas previo a otorgar un contrato de servicios profesionales por 250.000 dólares o más durante un año fiscal, deberán publicar en su página cibernética o cualquier otro medio de difusión general, una notificación de necesidad de los servicios, que incluya una descripción de los servicios profesionales a contratarse.
En los casos en que el contratante seleccionado sea una persona jurídica se requerirá, como parte de los documentos a entregarse previo a la formalización del contrato a tenor con las leyes y reglamentos aplicables, una certificación en la que se declaren los nombres de todos los dueños, accionistas y oficiales de la corporación a ser contratada.
Como parte del proceso abierto de contratación, cualquier parte interesada y debidamente cualificada podrá someter su propuesta de servicios para dichos fines a la dirección o lugar indicado en la comunicación.
Asimismo, incluirá el Certificado de Elegibilidad expedido por la Administración de Servicios Generales.
También, el jefe de la agencia gubernamental escogerá a aquel proponente que entienda que está mejor cualificado para suplir las necesidades del servicio de la manera más adecuada, utilizando criterios de confianza y confidencialidad cuando sea prudente y necesario.
Todo lo anterior, dentro de los parámetros presupuestarios aplicables, precisa el comunicado.
Toda contratación cubierta por la Orden Ejecutiva que no siga los procesos y requisitos establecidos será rescindida.
Por otro lado, la OGP establecerá unas guías uniformes para cumplir con las nuevas reglas de esta Orden Ejecutiva y como parte de ello deberá establecer un proceso para evaluar y autorizar solicitudes, que, por vía de excepción, se presenten a tenor con lo dispuesto en la misma.
