San Juan, 17 mar (EFE) – En la mañana de hoy, más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se unieron al reclamo de Coordinadora Paz para las Mujeres para que se implanten medidas contundentes al atender la violencia de género durante la crisis del COVID-19.
«La Orden Ejecutiva 2020-023 emitida el domingo 15 de marzo necesita una segunda mirada para incorporarle la perspectiva de género», señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.
«Este es un momento en el que las víctimas/sobrevivientes pueden estar en mayor riesgo, ya que las personas agresoras podrían usar la situación que provoca el aislamiento social como una herramienta de poder y control contra ellas y sus crías, haciéndolas más vulnerables», señala la carta en la que, además, se hace referencia al alza en estadísticas de violencia de género en China durante el pasado mes.
Tanto la Coordinadora Paz para las Mujeres como las demás organizaciones tienen preocupaciones relacionadas con la falta de mención de los albergues como parte de la red de servicios esenciales.
«Este silencio sobre las organizaciones las deja sin las herramientas necesarias para que su personal ofrezca servicios y mantenga los albergues operando», declaró por su parte Lisdell Flores, directora de Hogar Ruth, albergue que cobija a mujeres en riesgo por violencia de género y a sus crías.
En la carta se solicita a la Gobernadora impartir instrucciones para que los albergues sean incluidos en la lista de servicios esenciales y que puedan continuar tomando las medidas pertinentes para garantizar el servicio a las víctimas y sobrevivientes y definir cómo se manejarán las pruebas para el COVID.19 de las personas albergadas y cómo se trabajará con mujeres inmigrantes que no puedan costear de ninguna forma dichas pruebas por razón de su estatus migratorio.
También solicitan garantizar el acceso de los albergues a productos de limpieza y desinfección de escasear los mismos si se prolonga la crisis y el flujo de los fondos estatales que ya han sido asignados a las organizaciones y que podrían verse afectados por el cierre de operaciones de agencias de gobierno.
A su vez, requieren designar a una persona que pueda servir como enlace con las agencias gubernamentales y la divulgación del plan del gobierno y agencias tales como Administración de Tribunales, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Negociado de la Policía, Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de las víctimas y sobrevivientes.
Las organizaciones concluyeron que están ofreciendo servicios remotos de atención a consultas y manejo de casos y que los albergues esperan seguir operando.
