San Juan, 25 de julio (EFE) – La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas exigió este lunes a los responsables del turismo en la isla que fiscalice las hostelerías privadas ante la presunta evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones.
El reclamo de parte del organismo proviene varios días después de que se presentara un estudio que reveló que casi una cuarta parte (23.4%) de la actividad turística en Puerto Rico durante el año 2021, fueron gastos de los huéspedes que usaron Airbnb en la isla.
Los resultados del estudio fueron presentados por Ángel Terral, gerente regional de México, Centroamérica y el Caribe de Airbnb, quien matizó que ese 23.4% equivale a 1,700 millones de dólares, sin incluir gastos en alojamiento.
Según Terral, en Puerto Rico existen más de 15,000 espacios de alojamiento bajo Airbnb y más de 8,000 anfitriones.
Xavier A. Ramírez, presidente de la asociación, indicó este lunes en un comunicado de prensa, que aunque la información publicada fue cuidadosamente seleccionada, es muy reveladora, confirma la necesidad imperiosa de reglamentar y fiscalizar este segmento.
Según Ramírez, en el 2021, los operadores de alojamientos independientes registraron ventas de sobre 500 millones de dólares, pero solo remitieron a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) 23.4 millones del impuesto de habitación colectado.
Ramírez dijo además que la CTPR ha reconocido que solo tiene legalmente registrados algunos 4,700 operadores, aunque sus reglamentos requieren que cada apartamento o casa esté registrado.
Pese a las cuantías recaudadas, Ramírez dijo que la evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones sobrepasa los 100 millones de dólares anuales, «en adición a los retos que imponen estos negocios sobre la infraestructura y servicios públicos en nuestras comunidades».
Para la asociación, la prioridad inmediata debe centrarse en hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes y enforzar el registro de estas empresas con la CTPR, los Municipios y el Departamento de Hacienda.
Ante ello, Ramírez propuso que con una inversión mínima de 1 millón de dólares anual, la CTPR podría mejorar la fiscalización de estos alojamientos.
Igualmente, criticó el que personas inescrupulosas se apropien ilegalmente de entre 10 y 20 millones del impuesto de habitación y evadan otros 80 millones en pagos y contribuciones reglamentarias anualmente.
«Aun cuando Airbnb, VRBO y Join a Join tienen acuerdos colaborativos con la CTPR, los datos reflejan que la gran mayoría de las unidades que se mercadean en estas plataformas no están legalmente registradas», sostuvo Tomás Ramírez, tesorero del organismo.
Propuso además exigirle a todas las plataformas digitales y a los agentes de viajes en línea que operan en la isla, que solo pueden promocionar propiedades que estén registradas y sometan sus planillas y pagos mensuales a la CTPR, tal y como se le requiere a todo hostelero.
El problema de este país es que la leyes están escritas pero no hay quien las haga cumplir con honestidad y responsabilidad; un ejemplo es la proliferacion de autos con tintes oscuros en plena violacion de ley; así pasa con todo en este país.