Tegucigalpa, 2 mar (EFE) – Familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron este martes justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, hace cinco años, por el que consideran que el Estado «está en deuda», pese a que siete personas han sido condenadas.
La petición de que se «capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual», dijo a Efe Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.
Añadió que el Estado de Honduras ha tratado de «crear una cortina de humo respecto a la justicia» dando «los resultados más pobres de este proceso y acallar así también la voz internacional de demandar justicia integral para Berta (Cáceres)».
«Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales, que sigue en deuda», subrayó Zúñiga, coordinadora del Copinh, del que Cáceres fue una de sus fundadores.
Berta Cáceres fue asesinada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
DIFÍCIL QUE SE HAGA JUSTICIA
La hija de la ambientalista lenca dijo que ella y su familia no desconocen que «es difícil» que se haga justicia para su madre en Honduras.
«A cinco años (del crimen), lo que se ha notado es que ya se acabaron las excusas de las instancias de justicia de decir que se está investigando, y ya no hay razón. Afortunadamente tenemos lo valioso de las pruebas y la información, que normalmente en casos emblemáticos desaparece», explicó.
En su opinión, en Honduras hace «falta una voluntad del Estado que hasta ahora ha demostrado no tenerla» para que se haga justicia para la ambientalista.
Sin embargo, la familia de Cáceres asegura que «va a seguir luchando».
«Independientemente de que pasen cinco años o los que sean, debemos continuar en esta labor hasta lograrla, y ojalá en otra configuración política donde realmente exista independencia de los poderes», señaló.
AUTOR INTELECTUAL, UNA PIEZA CLAVE
La ambientalista había sido amenazada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del crimen.
Castillo, un militar hondureño, es «la pieza clave que vincula a los autores intelectuales» del asesinato de la ambientalista, subrayó Zúñiga.
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó en la víspera que el juicio oral y público contra Castillo se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
Cuatro acusados fueron condenados en noviembre de 2018 a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.
Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho sangriento.
Pese a que siete de los ocho acusados del asesinato de Cáceres han sido condenados, el Estado «está en deuda» en este caso, reiteró Zúñiga.
«Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento», subrayó.
Destacó además que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es «romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso».
Los últimos cinco años han sido «de mucha zozobra, de lucha, de desvelo, de trabajo, agotadores, lo que redime todo esto es la esperanza de encontrar la justicia y la solidaridad de todas las personas que han sido sensibles a este proceso», señaló Zúñiga.
HOMENAJE EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS
Familiares, organizaciones sociales y representantes diplomáticos recordaron hoy a Berta Cáceres en un acto en Santa Catarina, occidente del país, donde se instaló un altar, con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.
Al homenaje asistieron, entre otros, Austra Flores, Laura y Bertha Zúñiga, madre e hijas de la ambientalista, respectivamente, y el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick.
Las actividades para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres incluyen un concierto virtual y un «tuitazo mundial», con la etiqueta #JusticiaParaBerta!, en las redes sociales.
