Liderato de Junta de Retiro también exige legislación para obligar las aportaciones adeudadas
SAN JUAN, Puerto Rico – La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la Cámara de Representantes interpelar a la alta dirección de la institución por incumplir con las aportaciones patronales al plan de pensiones. Durante una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 116, el presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty Santini, denunció que la universidad ha acumulado una deuda de $48.1 millones en los últimos tres años fiscales, afectando la estabilidad del fideicomiso que administra los fondos de pensión.
Ante esta situación, la representante María de Lourdes Ramos Rivera, presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro, reafirmó su compromiso con la defensa del sistema de retiro universitario y advirtió que buscará mecanismos legales para responsabilizar económicamente a los funcionarios que manejen de manera indebida el dinero público.
Déficit millonario y llamados a rendir cuentas
Según datos presentados por Vicenty Santini, la Junta de Gobierno de la UPR no ha cumplido con las aportaciones recomendadas por el actuario:
- En el año fiscal 2022-2023, la UPR debía aportar $154 millones, pero solo transfirió $143 millones, dejando un déficit de $10.1 millones.
- Para el 2023-2024, la aportación debió ser $154.7 millones, pero se asignaron solo $124 millones, lo que incrementó la deuda en $30 millones.
- En el presente año fiscal, la recomendación actuarial es de $155.8 millones, pero la Junta de Gobierno ha presupuestado $147.7 millones, dejando fuera $8 millones.
Vicenty Santini advirtió que la deuda podría superar los $100 millones si se consideran los daños por la pérdida del costo de oportunidad, lo cual ya está siendo objeto de una demanda ante el tribunal.
Ante estas cifras, el presidente de la Junta de Retiro solicitó la interpelación de los miembros de la Junta de Gobierno, la presidencia de la UPR y otros funcionarios responsables de la administración de fondos. “No podemos seguir teniendo funcionarios que digan: ‘No voy a mandar las aportaciones a los sistemas de retiro’. Hay una obligación de ley”, reclamó.
Además, Ramos Rivera reiteró su exigencia de renuncia para el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, debido a su inacción en la recuperación de $60,000 en gastos improcedentes realizados por la expresidenta del organismo, Mayda Velasco.
Propuestas de legislación y consecuencias legales
Para evitar que situaciones similares se repitan, la Junta de Retiro propuso nuevas medidas legislativas, incluyendo sanciones más severas para patronos públicos y privados que incumplan con las aportaciones a los sistemas de retiro.
“Nos parece que un buen proyecto de ley sería el asignar responsabilidad calificando de delito grave para los que promuevan este tipo de menoscabo a los sistemas de pensiones”, propuso Vicenty Santini.
En la misma línea, la representante Lisie Burgos Muñiz apoyó la necesidad de legislar para frenar la impunidad de las autoridades universitarias y hacer que los servidores públicos respondan por sus incumplimientos.
Por su parte, Ramos Rivera enfatizó que defenderá el sistema de retiro de la UPR y aseguró que no permitirá que “se convierta en la chatarra que está el sistema central”.
Diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal
En paralelo, la representante Ramos Rivera anunció que se reunirá con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para discutir las deficiencias en el sistema de retiro y la exclusión de las aportaciones patronales en los presupuestos aprobados para la UPR.
Tras un encuentro previo con la JSF, la legisladora recordó que la universidad no está incluida en el Título III de la Ley PROMESA, por lo que la junta fiscal no tiene autoridad sobre el sistema de retiro de la UPR. De hecho, citó la advertencia de la jueza Laura Taylor Swain, quien señaló que la JSF no puede intervenir en legislación universitaria aprobada antes de su llegada.
“Con esa carta nada más de la jueza Swain, la Junta de Supervisión ha estado violentando la Ley de la Universidad, que establece que tienen que darle un sistema de retiro a sus empleados”, sentenció Ramos Rivera.
El debate sobre el cumplimiento de las aportaciones patronales a los planes de retiro de la UPR continuará en la Legislatura, con posibles repercusiones legales para los funcionarios responsables del incumplimiento.
