San Juan (16 de junio de 2021) EFE – Organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol presentaron este miércoles ante el Negociado de Energía de Puerto Rico una petición urgente para que el organismo atienda los problemas de servicio de LUMA Energy que, indicaron, «demuestran que la empresa privatizadora no está preparada para asumir la responsabilidad crítica para la que fue contratada».
«Esto a pesar de que LUMA Energy tuvo un año y facturó sobre $130 millones para el periodo de transición. Exigimos al gobierno reconocer que el contrato es malo para el país y cancelarlo sin más dilación», agregó.
“En dos semanas, LUMA ha evidenciado que no cuenta con la capacidad, el interés, ni la voluntad para ofrecer al pueblo un servicio de calidad”, expresó Ingrid M. Vila, presidenta de CAMBIO, organización firmante de la petición junto a otras nueve.
“Este contrato es un retroceso a la transformación del sector energético que necesita Puerto Rico. Es hora de que la indignación de distintos sectores del país que han sufrido todo tipo de problemas con el servicio estas pasadas semanas se escuche. Aquí el gobierno, incluyendo el Negociado de Energía a quien le escribimos, no pueden quedarse de brazos cruzados ante una operación deficiente y poco transparente, que nos cuesta cientos de millones de dólares. Este contrato hay que cancelarlo”, sentenció.
En el documento, las organizaciones solicitaron que se «revierta la interpretación errónea a la Ley 120-2018 que ha causado el desplazamiento de miles de empleados experimentados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que hoy nos deja con un servicio poco confiable que pone en mayor riesgo la vida y propiedad de todos y todas en Puerto Rico”.
“LUMA ha dejado claro lo que hemos denunciado por meses: LUMA no tiene los recursos humanos especializados suficientes para manejar el sistema eléctrico”, dijo Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.
“No solo hemos tenido que soportar como clientes las interrupciones sino otros problemas graves que atentan contra la seguridad de la gente y propiedad. Esto incluye poner en riesgo la vida de personas que necesitan de equipos médico o de refrigeración de medicamentos. LUMA no ha podido operar el sistema en condiciones normales, no queremos ni imaginar cómo será su respuesta si ocurre un evento atmosférico”, ahondó.
La petición resalta que durante la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE el 28 de mayo, LUMA reveló que solo había reclutado a unos 2,100 empleados, la mitad de los que hasta ese momento trabajaban en funciones de transmisión, distribución y administración de la AEE.
En días recientes portavoces de LUMA no han podido precisar ni cuántos celadores tienen ni cuántos de estos eran empleados de la AEE.
A causa de las interrupciones, retrasos y falta de trabajadores que han caracterizado este inicio de LUMA, los grupos solicitaron, también, revocar el Certificado de Cumplimiento de Energía emitido bajo la Ley 120-2018, dado que la implementación del contrato de LUMA no cumple con la política pública energética de brindar un servicio confiable.
Asimismo, reclaman que mientras LUMA Energy continúe en funciones se le ordene a proveer a través de su página web información detallada y en tiempo real sobre el número de clientes sin servicio (especificando municipio, sector/urbanización) y el tiempo estimado para la restauración del servicio por sector.
Argumentaron, a su vez, que el mapa de apagones actual en la página web de LUMA provee solamente la cantidad de apagones, no el número de clientes sin servicio, lo que era información que la Autoridad de Energía Eléctrica proveía. El mapa subestima el número de apagones por la dificultad de los clientes en informarle a LUMA de las interrupciones en servicio, opinaron.
Las organizaciones urgen al Negociado requerir a LUMA información diaria sobre las métricas del servicio al cliente, incluyendo el número de llamadas, el número de visitas a las oficinas comerciales, el tiempo promedio y máximo de respuesta en los centros de llamadas; e información detallada sobre la resolución de asuntos.
También, reclamaron información semanal sobre el número de brigadas activas en la restauración del servicio y el estatus operacional de las líneas y subestaciones, entre otros datos.
Las organizaciones también exigen que todo el personal asignado a servicio al cliente, incluyendo los gerentes de oficinas comerciales, sepan y puedan comunicarse en español.
Otra solicitud al Negociado es que ordene a LUMA revisar su lenguaje para la creación de cuentas en línea con efecto retroactivo al 1 de junio para que sea conforme con el relevo de responsabilidad aprobado por el Negociado.
LUMA está requiriendo un relevo de responsabilidad a los clientes que incluye negligencia crasa, conceptos ya rechazados por el Negociado.
Las organizaciones presentaron los planteamientos ante el Negociado de Energía como la entidad pública responsable de asegurar que Puerto Rico cuente con un servicio eléctrico confiable y con el deber de fiscalizar a LUMA.
“Aunque la Autoridad de Alianzas Público-Privadas tiene la responsabilidad para fiscalizar el contrato de LUMA, hasta el 27 de mayo, la Autoridad no había establecido ninguna división para hacerlo, además de no ser una entidad con peritaje en temas de energía para poder realizar esta labor”, señalaron.
Además de CAMBIO y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, otros firmantes de la petición son: El Puente, Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Sierra Club, Coalición Organizaciones en Contra de la Incineración, Amigos del Río Guaynabo, Mayagüezanos Por La Salud y El Ambiente, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc (YUCAE), Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE).
