Aunque no halló evidencia de delitos, el panel recomendó evaluaciones administrativas por posibles irregularidades
San Juan (EFE) – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) de Puerto Rico archivó este miércoles una querella contra el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz, por no encontrar «el quantum de prueba» para violaciones penales y la refirió a las Oficinas de Ética Gubernamental y la del Contralor Electoral.
«Conforme a la prueba recopilada no se evidenció que el alcalde Ruiz Feliciano haya incurrido en conducta constitutiva de los delitos de incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber o malversación de fondos públicos», esgrimió el PFEI en un documento.
En este contexto, el PFEI refirió el documento a las Oficinas de Ética Gubernamental y la del Contralor Electoral para que verifiquen cualquier violación administrativa de ley.
«No se acreditó que el alcalde utilizara recursos públicos con el propósito de obtener una ventaja ilegal ni que existiera la intención específica requerida por ley. No obstante, la conducta observada pudiera ser evaluada a la luz de posibles faltas administrativas dentro de la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental», explicó el panel.
La querella presentada ante el Departamento de Justicia por Pedro Vélez alegaba que el alcalde había utilizado su vehículo oficial durante horas laborables, para supervisar labores proselitistas de propaganda política, entre otros asuntos.
Justicia comenzó su proceso de investigación preliminar desde mediados de octubre, a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del departamento.
Tras concluir la investigación, la secretaria interina de Justicia, Lynnete Velázquez, remitió el referido informe y sus conclusiones donde se recomendó no designar un Fiscal Especial independiente a Ruiz Feliciano.
No obstante, Velázquez sugirió que una vez culminados los procedimientos ante el Panel, se refiriera el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalúe posibles violaciones a su Ley, así corno a la Oficina del Contralor Electoral.
Entre las alegaciones investigadas figuraban la utilización de propiedad y empleados municipales durante horas laborables, para colocar propaganda política, así como la instalación de un comité de campaña en un terreno de un suplidor del municipio sin los permisos adecuados.
Se evaluaron posibles violaciones al Código Penal, Ley de Ética Gubernamental, Código Municipal y al Código Electoral de Puerto Rico.
No obstante, el PFEI indicó que el expediente refleja que el contrato de arrendamiento no fue consignado con certeza por lo cual se recomienda referir el asunto a la oficina del Contralor Electoral para una evaluación en el contexto de la auditoria de campaña.
