El Panel concluyó que no hubo delito, aunque señala irregularidades administrativas en la tramitación del contrato para la construcción de un gazebo en propiedad privada
SAN JUAN (EFE) – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó este viernes el archivo de la investigación contra el exalcalde de Humacao, Julio L. Geigel Pérez, al concluir que no se configuraron los elementos de delito bajo las disposiciones de naturaleza criminal en la construcción de una obra.
No obstante, el Panel advierte en la resolución que la conducta observada por Geigel Pérez y los funcionarios municipales involucrados, ante la tramitación irregular de un contrato, amerita ser evaluada por la Oficina de Ética Gubernamental.
El asunto tuvo su origen en un referido remitido el día 21 de abril de 2025 por la entonces secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, relacionado con una querella presentada por Narciso Rodríguez Velázquez, legislador municipal del Municipio de Humacao.
En la querella se alegaba la utilización de 100.000 dólares de fondos públicos para la construcción e inauguración de un gazebo localizado en una propiedad privada perteneciente al Ryder Home for the Elderly, Inc., una entidad sin fines de lucro.
Durante la investigación, se realizaron entrevistas y se tomaron declaraciones juradas a varios funcionarios y personas vinculadas a los hechos, incluyendo al querellante, funcionarios municipales con funciones legales, administrativas, financieras y de comunicaciones, así como representantes de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).
Las declaraciones ofrecieron detalles sobre la tramitación del contrato 2024-000701 con J & D Garcia’s Construction, Inc., firmado el 13 de mayo de 2024, las ordenes de cambio aprobadas, la construcción del gazebo en terrenos privados del Ryder Home y la cancelación de la orden de compra antes de efectuarse pago alguno.
Los funcionarios municipales manifestaron que desconocían inicialmente que el predio donde se construiría el gazebo era de titularidad privada.
Algunos indicaron que asumieron que se trataba de propiedad municipal, en parte por la proximidad física de otras instalaciones públicas, y que solo tras verificaciones posteriores en los mapas de catastro y visitas al lugar se constató que pertenecía a Ryder Home.
Incluso hubo funcionarios que certificaron fondos y autorizaron el contrato bajo esa creencia inicial y, al corroborarse la naturaleza privada del terreno, instruyeron la cancelación de la orden de compra y la suspensión de cualquier desembolso.
