San Juan, 8 jul (EFE NEWS) – El activista en favor de los derechos de la comunidad LGTBI, Pedro Julio Serrano, dijo este miércoles que es «completamente inocente de lo que se alega. Dichas imputaciones son absolutamente falsas. La víctima en este caso soy yo. En el proceso saldrá a relucir la verdad».
La secretaria de Justicia en funciones, Wandymar Burgos, y el fiscal de distrito de la Fiscalía de San Juan, Víctor Carbonell Ramírez informaron anoche que se presentaron cargos contra Serrano Burgos por Ley 54 en hechos ocurridos entre el 16 de mayo y el 2 de julio de 2020 en San Juan.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lynnette Velázquez Grau junto con el agente Carlos Colón de la División de Violencia Doméstica de San Juan del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
De los hechos se desprende que el imputado Serrano cometió el delito de agresión sexual conyugal, contemplado en la Ley 54, mediante fuerza y sin consentimiento de su pareja consensual.
Se sometieron dos cargos por el Artículo 3.5 Agresión sexual conyugal de la Ley 54, Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La jueza Alfrida M. Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa en los cargos presentados e impuso el uso de grillete electrónico al imputado.
La fianza impuesta contra Serrano fue de $20,000 y la vista preliminar fue señalada para el 20 de julio de 2020.
En el comunicado de hoy, Serrano también denunció el «abuso de mantenerme encarcelado por más de 24 horas, sin casi tener acceso a mis abogados».
«Agradezco a mi familia que me ama y amo profundamente, a mis amigos y a toda persona que se ha solidarizado conmigo. Sus muestras de amor son aliciente ante esta injusticia», agregó.
«Además, estoy sumamente agradecido de mi representación legal compuesta por los licenciados Manuel Grant y Verónica Rivera Torres», indicó.
Por su parte, el Comité Amplio para la Búsquedad de la Equidad (CABE) denunció el «manejo irregular» del caso por Ley 54 radicado hoy contra el activista y exigió que se garantice un debido proceso de ley para ambas partes.
«CABE nació en el año 2013 con una agenda de equidad que incluyó las enmiendas a la Ley 54 de Violencia Doméstica que al día de hoy permiten que cualquier persona pueda pedir su protección sin importar su orientación sexual o identidad de género. A tono con nuestra historia, seguimos creyendo que la violencia doméstica no debe ser tolerada y que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar e intervenir cuando ocurre», aseveró Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
«En ese sentido, CABE exige que la investigación y proceso judicial del caso contra Pedro Julio Serrano Burgos tengan como norte la búsqueda de la verdad y la justicia», indicó.
