San Juan (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió este viernes en ley cuatro proyectos senatoriales, entre los que se incluye el proyecto 217, que cobija a las personas que realizan internados sin remuneración en la ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el empleo.
Esta ley obliga, además, a los jefes a establecer y publicar un protocolo para proteger a sus empleados en casos de hostigamiento sexual y crea un portal exclusivo de querellas, entre otros fines, según el comunicado de Fortaleza.
«El hostigamiento sexual debe ser combatido en todos los frentes y por eso, con esta nueva ley, protegeremos también a todas las personas que realizan internados educativos», indicó Pierluisi sobre la pieza legislativa, endosada por el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) brindarán asesoramiento técnico a las empresas para la elaboración del protocolo y velarán por el fiel cumplimiento de este.
Asimismo, la OPM y el DTRH serán las agencias encargadas de lo que será el portal cibernético, en el cual se podrán radicar querellas en línea y se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre las leyes y recursos relacionados al hostigamiento sexual.
Por otra parte, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 204 que les permite a los acusados por escalamiento agravado, delito grave de segundo grado o delito de mayor severidad, poder participar de los Programas de Desvío, luego de cumplir parte de su sentencia y exhibir buena conducta.
Pierluisi también autorizó que se incorpore el símbolo internacional de los sordos en todo certificado de licencia de conducir a los ciudadanos cuya certificación médica así lo establezca.
Por lo tanto, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá reorganizar los datos y llevar a cabo la programación necesaria con el Puerto Rico Information and Technology Services (PRITS).
El gobernador también firmó el Proyecto del Senado 694 para añadir un integrante al Comité de Recursos del Agua que será representante de los sistemas de acueductos rurales Non-PRASA.
El mismo tendrá libre acceso para realizar pruebas de calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento, mejoras y obras de infraestructura e impondrá multas de 500 dólares a quienes impidan que se puedan realizar estos trabajos.
Por otro lado, Pierluisi emitió veto expreso al Proyecto del Senado 432, alegando que relativo a las órdenes de cambio «la limitación estricta a un por ciento, sin que medie una justificación, podría ser fatal para los objetivos de cualquier proyecto».
El gobernador tampoco firmó el proyecto senatorial 134 que proponía definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública -WIPR- en casos de Declaración de Estados de Emergencia.
Pierluisi reconoció que, en principio, la medida tiene una buena intención, pero implica gastos fiscales adicionales significativos, no contempla fuentes de ingresos y retira recursos al canal del Gobierno, que ya no recibe asignaciones del Fondo General.
