Justicia concluye que existe causa suficiente para posibles delitos de influencia indebida y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental vinculadas a caso en Yabucoa
SAN JUAN (EFE) – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó este jueves a dos fiscales especiales independientes, Maricarmen Rodríguez y Gisela Alfonso Fernández, para que realicen la investigación a la exsecretaria de Vivienda, Ciary Y. Pérez.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que tras la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), existe causa suficiente para creer que Pérez pudo haber incurrido en conducta relacionada con delitos contra la función pública.
Asimismo, Gómez señaló que este informe está sustentado por diversas declaraciones juradas que figuran en el expediente remitido ante la consideración del panel.
La posible comisión de delito por parte de Pérez consiste en la violación al Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, que contempla el delito de Influencia Indebida, así como el Artículo 4.2 de la Ley Num. 1-2012, conocida como, Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
La génesis del caso esta cimentada en una comunicación de los honorables Ramón Torres y Swanny E. Vargas, representantes por acumulación.
Ambos solicitaron que se investigara la posible conducta constitutiva de delito de Pérez en relación con un centro de inspección ubicado en el municipio de Yabucoa, indicando que se encontraba localizado en una propiedad vinculada a dicha funcionaria, y en la que se alega supuesta conducta constitutiva de delito.
Al analizar detenidamente este caso, los miembros del panel determinaron que lo procedente en derecho, era acoger la recomendación de Justicia.
Además de que la entidad designó a las fiscales para que realicen la investigación a fondo, les facultó a proceder contra cualquier otro funcionario que haya incurrido en violaciones al ordenamiento en cuanto a los hechos denunciados.
Pérez presentó a mediados de marzo su renuncia al cargo, tras una controversia relacionada con un centro de inspección en Yabucoa, que estaba a su nombre y que fue multado por irregularidades en documentos de inspección y marbetes.
