El caso corresponde a un menor de entre 1 y 12 años con una enfermedad incurable y marca la primera aplicación de la normativa que amplió el acceso al procedimiento
La Haya (EFE)
Las autoridades neerlandesas han confirmado el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años desde que en 2024 entrara en vigor la normativa que permite poner fin a la vida de menores en ese grupo de edad con enfermedades incurables que sufran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría.
La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento de que la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales de año y acaba de concluir su examen del caso.
Según explicó, la comisión estudió el expediente, escuchó al médico responsable y remitió su dictamen a la Fiscalía, que deberá determinar si el facultativo actuó conforme a la legislación vigente.
La ministra no ha revelado la edad del menor ni la enfermedad que padecía.
La normativa neerlandesa, en vigor desde febrero de 2024, permite la terminación de la vida de niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal y sufran de manera insoportable y sin esperanza de recuperación, y la decisión debe contar con el consentimiento de los padres y ser evaluada por al menos un médico independiente.
El informe de la comisión señala que el caso fue el primero recibido en esta categoría desde la ampliación de la legislación de la eutanasia, que hasta entonces solo contemplaba a recién nacidos y a menores mayores de 12 años.
Cuando se aprobó la normativa, se estimó que alrededor de cinco niños al año podrían cumplir los requisitos para acceder a este procedimiento, y en muchos casos se trata de niños con anomalías congénitas o enfermedades metabólicas.
La introducción de esta posibilidad generó un fuerte debate político y ético en Países Bajos, y varios partidos conservadores y confesionales han cuestionado la regulación, mientras que las asociaciones médicas defendieron la necesidad de contar con un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.
Por otro lado, la comisión recibió en 2025 tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo, todas ellas relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus.
En los tres casos los médicos actuaron tras constatar que no existían tratamientos capaces de mejorar el pronóstico y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían padecido discapacidades neurológicas muy graves, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados.
La comisión concluyó que los médicos actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia.
El informe también recuerda que la interrupción tardía del embarazo y la terminación de la vida de recién nacidos o menores de 12 años siguen siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés.
No obstante, los médicos pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen estrictamente los criterios de diligencia establecidos y la comisión considera que actuaron de forma cuidadosa.
Hasta la fecha la Fiscalía no ha procesado a ningún médico en los casos examinados.
