El Comisionado Residente y el secretario general del PIP coincidieron en que la acción era necesaria, aunque advierten que llega tras años de incumplimientos y fallas en el sistema eléctrico
SAN JUAN — La decisión del Gobierno de Puerto Rico de solicitar la cancelación del contrato de LUMA Energy provocó este jueves reacciones inmediatas en el ámbito político, incluyendo apoyo de distintos sectores que, no obstante, cuestionaron la demora en ejecutar la medida.
Desde Washington, el comisionado residente Pablo José Hernández respaldó la demanda radicada por el Ejecutivo, asegurando que es un paso indispensable para encaminar un sistema energético más confiable.
“Apoyo la cancelación del contrato de LUMA como paso para lograr un sistema de energía más barato, estable y sostenible para los puertorriqueños. Solo lamento que el Gobierno haya tardado tanto en radicar la demanda”, expresó Hernández en declaraciones escritas.
En Puerto Rico, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, también avaló la acción, aunque resaltó que se trata de un reconocimiento tardío de un contrato que, según señaló, perjudicó al país desde su origen.
“El país necesitaba esta acción, pero llega tarde y es insuficiente. Es bueno que el gobierno PNP —coautor de la ilegalidad que hoy impugna— admita su crimen. Pero no basta cambiar de privatizador. Hay que reformular el modelo energético”, afirmó Dalmau.
El dirigente independentista sostuvo que por años el PIP denunció que la privatización del sistema eléctrico no respondía al interés público y generaba apagones constantes y daños significativos. Agregó que el paso dado por el Gobierno ocurre tras cinco años de incumplimientos bajo administraciones del PNP.
Dalmau insistió en que el problema no se limita al operador contratado, sino al modelo de administración. Recordó que la delegación legislativa del PIP presentó un proyecto para establecer una gobernanza pública robusta, con estricta regulación, métricas claras, auditorías externas e inclusión ciudadana.
Ambos líderes coincidieron en que la medida es necesaria para avanzar hacia un sistema eléctrico más confiable y alineado con el bienestar del país, aunque recalcaron que la acción llega luego de extensas advertencias y un prolongado deterioro del servicio energético.
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