El Parlamento inició reformas constitucionales y legales tras el anuncio del mandatario de impedir nuevas candidaturas opositoras
San José, 21 jul (EFE).-
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua inició este martes un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes, después de que el presidente Daniel Ortega ordenara impulsar cambios para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones, en medio del rechazo de países como Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Ejecutivo, con el fin de definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según indicó, permitirán «garantizar las bases jurídicas» de las reformas.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
Además, ordenó a los diputados y a las «organizaciones correspondientes» preparar «las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán» competir en unas elecciones.
De momento no está claro en qué consistirá la reforma al proceso electoral. Lo único que ha dicho Ortega es que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
Según el dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, Ortega siempre ha querido convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba, porque a juicio del mandatario las organizaciones políticas «dividen a las sociedades».
Para Chamorro, los sandinistas celebrarán elecciones internas, como lo hacen en China, para designar a sus autoridades. «Es ese el centralismo chino y cubano el único que le ha interesado», zanjó.
Rechazo internacional al anuncio
Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su «verdadera naturaleza autoritaria» tras afirmar «que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones».
Rubio sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han «abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular» y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.
«Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», afirmó.
Por su parte, el Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega.
«Suprimir» un derecho «fundamental» como es el voto «representa un fuerte agravio» a los principios democráticos y, «en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua», señaló la Cancillería panameña en un comunicado.
Con este llamado a consultas al embajador Eddy Davis Rodríguez, el Ejecutivo panameño retira a su representante diplomático en Managua y con ello rebaja el nivel de las relaciones, explicaron a EFE fuentes oficiales.
Costa Rica también reiteró «su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes» en Nicaragua.
La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional «que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad» y ha demandado «que actúen ya respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia».
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura. Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral.
