Gremios profesionales advierten sobre desregulación riesgosa que compromete la seguridad pública, la equidad laboral y la fiscalización en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – Una amplia coalición de colegios profesionales y organizaciones reguladas lanzó hoy un llamado urgente a la gobernadora Jenniffer González Colón para que vete el Proyecto del Senado 6 (P. del S. 6), que propone establecer la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico”. Según denunciaron, la medida representaría una amenaza directa al ejercicio ético, seguro y competente de múltiples profesiones en la isla, además de debilitar el marco regulatorio local.
El proyecto permitiría que personas con licencias profesionales válidas en cualquier estado de Estados Unidos puedan ejercer automáticamente en Puerto Rico, sin pasar por procesos locales de validación, sin evidencia de seguros vigentes y sin demostrar conocimiento de leyes ni normativas puertorriqueñas. Para los gremios, esta propuesta conlleva un riesgo real para los consumidores y coloca en desventaja a los profesionales locales.
“Este proyecto ignora que muchos oficios requieren un conocimiento profundo del marco jurídico, técnico y ético local. Su aprobación representaría una desregulación riesgosa y una desventaja para quienes sí cumplen con altos estándares aquí”, denunció Irma Colón, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
A la oposición se han sumado también el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Peritos Electricistas, el Appraisal Institute, la Asociación de Relacionistas Profesionales, el Colegio de Plomeros, la Asociación de Banca Hipotecaria y el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, entre otros.
Entre las preocupaciones expresadas por estos sectores destacan:
- Conflictos técnicos y regulatorios: La ley asume que los requisitos de licenciamiento entre jurisdicciones son equivalentes, cuando en realidad difieren en aspectos como ética, idioma, colegiación, educación continua o experiencia validada.
- Desregulación: Se eliminaría el control de las Juntas Examinadoras locales, limitando su capacidad de fiscalización y evaluación ética o técnica.
- Riesgo al consumidor: Personas sin dominio del sistema legal, contributivo o cultural de Puerto Rico podrían ofrecer servicios, aumentando la posibilidad de errores, fraudes o negligencia.
- Licencias automáticas sin revisión: Bastaría con radicar una solicitud para obtener una licencia provisional de 30 días, que se convierte en permanente si la Junta no responde a tiempo, aún sin culminar los procesos de validación.
- Ausencia de reciprocidad: La ley no contempla que las licencias de Puerto Rico sean igualmente válidas en otras jurisdicciones, creando un trato desigual para los profesionales locales.
“Esto crea inequidad. Profesionales de afuera estarían exentos de los requisitos que aquí se nos imponen. Es una puerta abierta a ejercer sin conocer el entorno ni rendir cuentas”, afirmó Ronda Castillo del CIAPR.
Preocupaciones desde sectores clave
Desde la arquitectura, Olga E. Angueira, presidenta del Colegio de Arquitectos, recordó que las licencias en su campo requieren grados acreditados, reválidas y experiencia supervisada: “Esta medida representa un riesgo para la seguridad ciudadana si no hay revisión por parte de las Juntas Examinadoras”.
En el sector de la tasación, Migdalia Rivera, del Appraisal Institute, alertó que violar estándares federales como el USPAP podría traer sanciones para Puerto Rico. Exigió que se excluyan las transacciones con intereses federales del alcance del proyecto.
Para el sector de relaciones públicas, Marisa Vega, presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales, afirmó que “nuestra licencia es una garantía de transparencia y responsabilidad. Este proyecto la devalúa y abre espacio a impostores que pueden afectar la opinión pública y la confianza institucional”.
Frances Berríos Meléndez, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, criticó que la medida no incluyera insumo del sector eléctrico, ni evaluara su impacto sobre la seguridad pública. “Pedimos que el proyecto regrese a la Legislatura para un análisis serio y participativo”.
En esa misma línea, el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado pidió que se convoquen vistas públicas, pues el proyecto fue aprobado sin consultas. Su presidenta, Lissette Cintrón Sánchez, advirtió que “los refrigerantes son sustancias tóxicas. Requieren manejo responsable y educación continua rigurosa. Esta ley no exige eso a quienes vendrían de fuera”.
Llamado a la gobernadora
Para Luis Raúl Padilla, presidente de la Asociación de Banca Hipotecaria (M-LOAN), la implementación del P. del S. 6 sería perjudicial para toda la industria de bienes raíces. “Permitir que profesionales externos operen sin dominio de nuestros procesos representa un riesgo para el consumidor y una desventaja injusta para nuestros corredores”.
Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores, fue enfático: “No se puede jugar con la seguridad jurídica de los arrendadores, propietarios y familias puertorriqueñas. Este proyecto abre la puerta a la informalidad”.
Con un mensaje común, las organizaciones coincidieron en que la medida debilita la fiscalización profesional en Puerto Rico, pone en riesgo la salud y seguridad pública y socava años de esfuerzo de miles de profesionales locales.
“Esta no es una ley técnica: es una reforma estructural del sistema de licencias que requiere una evaluación seria, profunda y transparente. Le pedimos a la Gobernadora que escuche el reclamo del país profesional y ejerza su poder de veto”, concluyó la presidenta de los Realtors.
