San Juan, Puerto Rico (EFE) – Un grupo de 40 organizaciones puertorriqueñas y de la diáspora urgieron este miércoles al Congreso de Estados Unidos a investigar a los beneficiarios de la controvertida Ley 60 (antigua Ley 22), que ofrece una exención fiscal a ciertos inversores en la isla.
En la carta, liderada por el Centro para la Democracia Popular (CPD), las organizaciones solicitan al Gobierno federal que atienda al fin su responsabilidad de fiscalizar a aquellos beneficiarios estadounidenses que estén evadiendo impuestos federales y/o estatales.
«El Congreso y el Gobierno federal deben actuar acorde a su responsabilidad de ejecutar las leyes y fiscalizar el incumplimiento de las mismas. De esta forma, es imperativo que se atiendan las interrogantes y la falta de transparencia que hay con respecto a la Ley 22 y su impacto», indicó Julio López Varona, codirector de campañas de CPD.
«Si una persona está aprovechándose de estos decretos y no reside en Puerto Rico, esa persona no solo evade contribuciones en Puerto Rico, sino también evade contribuciones federales y estatales», agregó López Varona.
La carta es la acción más reciente de la campaña ‘Not Your Tax Haven’/’PRNoSeVende’, la cual denuncia la falta de transparencia gubernamental, el impacto económico y el desplazamiento de comunidades locales resultados de esta ley.
Aunque la campaña está enfocada principalmente en esfuerzos locales, también busca concienciar sobre el tema en EE.UU. y propiciar acciones específicas como una robusta fiscalización de los beneficiarios por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).
En 2021, el IRS anunció una auditoría contra los beneficiarios de la Ley 22, centrada en los contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado la exención contributiva sin cumplir con los requisitos de residencia.
Como resultado, estas personas pueden estar excluyendo ingresos sujetos a impuestos estadounidenses o no presentar ni declarar ingresos sujetos a impuestos estadounidenses.
«Ciertamente, es crucial que se derogue la Ley 22. Pero debemos ser consistentes, eso es una ley local y corresponde al Gobierno de Puerto Rico la responsabilidad de informar, publicar, enmendar y derogar. No podemos pretender atajar las consecuencias del colonialismo con más colonialismo», dijo López Varona.
Por esta razón, señaló que están solicitando al Congreso federal que se enfoque en su responsabilidad de fiscalizar a beneficiarios estadounidenses, sin intervenir en la legislación local.
«Debe ser, y será, la gente de Puerto Rico quienes trabajen con la legislatura para eliminar esta legislación que tanto daño le ha hecho a nuestra isla», finalizó López Varona
La coalición recientemente publicó un informe que revela cómo los beneficiarios de la Ley 22 identificaron una forma de burlar el requisito de ofrecer un donativo anual a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, creando entes que se benefician de esos donativos.
La Ley 22, actualmente Ley 60, conocida como la Ley de Incentivos Contributivos Individuales, ofrece la exención fiscal total para dividendos, intereses y ganancias de capital a los inversores que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año.
La sociedad civil de la isla denuncia que estas personas no están contribuyendo a la economía local y que su alto nivel adquisitivo ha provocado un aumento de los precios de la vivienda, entre otros.
