Grupos denuncian redadas en la isla y presentan un proyecto de ley para garantizar derechos
SAN JUAN, Puerto Rico – La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron este miércoles el impacto de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en enero de 2025 y exigieron que el Gobierno de Puerto Rico implemente medidas de protección para la comunidad migrante.
Durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados de San Juan, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR, expresó: “Decidimos formar este frente para exigir que el Gobierno de Puerto Rico proteja los derechos humanos de nuestra población”. Martínez también subrayó que “cruzar una frontera no convierte a una persona en delincuente” y que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto.
La declaración pública del Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puerto Rico, firmada por múltiples entidades, califica las medidas migratorias de Trump como “racistas, selectivas, xenófobas e inhumanas” y denuncia que han generado un clima de miedo y persecución en la isla.
“Puerto Rico se encuentra sumido en una profunda crisis social y política acrecentada ahora por el modelo de gobernanza por decreto, ejercido por el presidente Trump, que atropella los derechos civiles de nuestra población y particularmente de las personas migrantes”, señala el documento.
Persecución y criminalización de los migrantes
Las organizaciones alertaron sobre la persecución indiscriminada de migrantes en la isla.
“La información que han ofrecido públicamente las autoridades federales de inmigración indicaba que las intervenciones y detenciones bajo las órdenes ejecutivas de Trump estaban limitadas a personas que han cometido delito. Sin embargo, se ha intervenido con personas sin expediente criminal e incluso con estatus migratorio regular”, denuncia el Frente.
La activista Hilda Guerrero, cofundadora de la organización Comuna Caribe, criticó “las políticas de terror” que obligan a los migrantes en Puerto Rico a “vivir con miedo”. A su vez, Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud en Puerto Rico, advirtió que “muchos niños y niñas se ausentaron de las escuelas” por temor a las redadas y pidió a las autoridades que no se realicen intervenciones en “escuelas, centros de cuido e iglesias”.
Por su parte, la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera, advirtió que el uso del perfil racial afectará a la comunidad puertorriqueña en general. “Vamos a seguir viendo personas detenidas en Puerto Rico por puro racismo, xenofobia y discriminación”, afirmó.
Proyecto de ley para la protección de los migrantes
Ante el aumento de redadas y el temor en la comunidad, el Frente de Organizaciones presentó el Proyecto de Ley para Crear la Política Pública de Protección al Migrante, que busca establecer medidas concretas para garantizar los derechos de los migrantes en la isla.
El proyecto propone:
- Reconocer los «lugares sensibles» donde la presencia de agentes de inmigración estará restringida sin orden judicial, incluyendo escuelas, hospitales, iglesias y tribunales.
- Prohibir la discriminación y el perfil racial, impidiendo que la Policía de Puerto Rico detenga a personas con el único propósito de verificar su estatus migratorio.
- Garantizar el acceso a servicios esenciales como educación y salud sin temor a represalias.
- Restringir la colaboración con ICE y CBP, evitando que las autoridades locales participen en operativos migratorios sin orden judicial.
- Crear protocolos de respuesta para redadas en escuelas, hospitales y tribunales.
“La Policía estatal no puede estar facilitando el trabajo de ICE”, enfatiza la declaración del Frente, señalando que la participación de agentes locales en operativos migratorios provoca desconfianza en la comunidad y desalienta la denuncia de delitos.
Próximos pasos y exigencias al Gobierno
Las organizaciones delinearon una serie de exigencias para que el Gobierno de Puerto Rico implemente medidas inmediatas en favor de la población migrante:
- Adopción de una política pública de protección a los migrantes, que garantice sus derechos humanos y prohíba intervenciones en lugares sensibles sin orden judicial.
- Prohibición de la cooperación de la Policía de Puerto Rico con ICE, estableciendo que no participará en operativos migratorios.
- Protección de víctimas y testigos de delitos, asegurando que las personas migrantes puedan denunciar sin temor a ser detenidas.
- Acceso seguro a la educación, garantizando que niños y adolescentes migrantes puedan asistir a la escuela sin miedo.
- Transparencia en acuerdos con agencias federales, solicitando la publicación de cualquier convenio de colaboración en operativos migratorios.
- No separación de familias, exigiendo que no se realicen deportaciones que desintegren núcleos familiares.
- Protección de comunidades vulnerables, en particular de la comunidad LGBTTIQ+, que puede estar huyendo de persecución en sus países de origen.
- Intervención de consulados extranjeros, instando a sus representantes a brindar asistencia consular y orientación legal.
- Cese inmediato de redadas arbitrarias, solicitando a ICE y DHS información clara sobre sus operativos y detenciones.
- Cobertura responsable de los medios de comunicación, exigiendo que la prensa dé seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra la comunidad migrante y evite narrativas discriminatorias.
El Frente también denunció que las recientes redadas han afectado la vida cotidiana de los migrantes, obligándolos a evitar el trabajo y los espacios públicos por miedo a ser detenidos. “Las personas migrantes que están participando como testigos o víctimas de delito están siendo reportadas o procesadas con el apoyo del Departamento de Justicia y de la Policía Estatal o Municipal. Esto viola la Ley 22 de 1988 que contiene la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos”, advierte el comunicado.
Las organizaciones recalcaron que su lucha por los derechos de los migrantes continuará y que seguirán exigiendo al Gobierno de Puerto Rico acciones concretas para garantizar la seguridad y dignidad de estas comunidades.
