Más de 40 colectivos reclaman transparencia, protección del derecho a la alimentación y uso inmediato del fondo de emergencia
SAN JUAN, Puerto Rico — Ante la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno federal y su posible impacto en la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico, más de 40 organizaciones sociales y comunitarias hicieron un llamado urgente al gobierno para que garantice el derecho a la alimentación de más de 1.2 millones de personas en la Isla que dependen de este beneficio.
En una declaración conjunta, entidades como Ayuda Legal Puerto Rico, Taller Salud, Amnistía Internacional, ACLU-PR, Comedores Sociales, Coordinadora Paz para la Mujer, Matria y la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, entre muchas otras, reclamaron al Ejecutivo que actúe de manera inmediata, emitiendo una declaración de estado de emergencia, activando el fondo de emergencia del presupuesto general y tomando medidas de mitigación.
Las organizaciones denunciaron la falta de claridad sobre los recursos disponibles. Según la declaración, distintas fuentes oficiales han ofrecido cifras contradictorias sobre la capacidad del fondo de emergencia, mencionando montos de $125, $50 y hasta $27 millones, sin que se haya presentado un plan concreto para responder a las necesidades alimentarias de las familias participantes del PAN.
“El PAN no es un regalo o un privilegio. Es un programa de asistencia social que reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar lo básico para la subsistencia de su población. La comida es un derecho”, lee la declaración.
Las organizaciones también solicitaron moratorias en pagos de servicios esenciales para familias beneficiarias, distribución directa de alimentos y protección de servicios clave como comedores escolares, égidas y centros de cuidado prolongado.
La declaración recuerda que en otras jurisdicciones de Estados Unidos se han tomado acciones afirmativas, incluyendo litigios para desbloquear fondos federales, uso de fondos estatales y apoyo a bancos de alimentos. En contraste, en Puerto Rico —afirman— «no existe una respuesta concreta para las familias participantes», lo cual califican como inaceptable.
El documento fue firmado por más de 40 entidades de derechos humanos, feministas, sindicales, comunitarias y académicas, muchas de las cuales trabajan directamente con poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, personas mayores, sobrevivientes de violencia doméstica y personas en riesgo de sinhogarismo.
