Critican derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica y alertan sobre riesgos ambientales y sociales para millones de salvadoreños
San Salvador (EFE) – El Salvador incumple garantizar derechos económicos, sociales y culturales de la población al permitir la explotación minera con una ley que da luz verde a esta práctica, rechazada por una parte de la sociedad por «su impacto» en el medio ambiente, afirmaron este lunes representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los portavoces de al menos diez organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se pronunciaron en una conferencia de prensa sobre la evaluación a El Salvador en el Examen Periódico Universal de la ONU, realizada el pasado 20 enero y donde se recomendó al Gobierno del presidente Nayib Bukele mejorar la situación de los derechos en el país.
En este contexto, señalaron que «país evidencia un declive en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, siendo una de las afectaciones más palpables la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, sustituida por la Ley General de Minería Metálica».
La práctica minera permitida por normativa, aprobada el 23 de diciembre de 2024 y promovida por el Ejecutivo, «compromete el derecho humano al agua, alimentación, salud y vida digna de la población salvadoreña», indicaron.
Los representantes solicitan a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, que se derogue la Ley General de Minería Metálica por «los impactos nocivos que representa para la vida de la población».
«La permisibilidad de la explotación minera desencadenará a una amplía contaminación del agua con metales pesados, muerte de flora y fauna, contaminación de alimentos, entre otros», agregaron.
Desde la aprobación de la ley de minería cientos de salvadoreños se han manifestado en contra de la misma y piden su derogación. Sin embargo, el presidente Bukele la ha defendido y asegura que la explotación minera en el país se realizará «bien» con la participación del Gobierno como «supervisor».
El presidente Bukele aseguró a principios de diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo», sin citar investigaciones o documentos concretos.
Ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario.
Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unas 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
