Integrantes de la campaña “Migrar es un derecho” exigen justicia y cambios urgentes en la política migratoria tras conocerse el caso
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – Cuatro organizaciones de Puerto Rico, que promueven la campaña ‘Migrar no es un crimen’, expresaron este miércoles sus condolencias a los familiares de las haitianas que fueron decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana y que habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico.
«Enviamos nuestras condolencias a las familias de estas mujeres, a la comunidad haitiana y exigimos justicia, verdad y rendición de cuentas inmediatas», aseveraron en un comunicado Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.
«Desde el inicio mismo de las redadas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico en enero de 2025, hemos condenado enérgicamente las políticas migratorias y las prácticas de expulsión que criminalizan la migración forzada y niegan protecciones fundamentales a personas vulnerables. En este caso, mujeres que huían de la violencia, de la persecución y de condiciones extremas», añadieron.
A su juicio, «las políticas del Gobierno de Estados Unidos y que los gobiernos de Puerto Rico y de República Dominicana no han hecho más que apoyar y sostener, ponen en riesgo la vida misma, perpetúan violaciones graves de derechos humanos y muestran un desprecio absoluto por el derecho internacional al refugio, a la movilidad y la migración.
Por ello, urgieron a las autoridades a realizar una investigación «independiente, transparente y urgente» sobre las circunstancias de estas deportaciones.
Asimismo, el cese inmediato de los encarcelamientos y deportaciones masivas, acceso efectivo y seguro a solicitudes de protección, asilo y procedimientos justos para todas las personas que buscan refugio en Puerto Rico.
También medidas de rendición de cuentas para las agencias y funcionarios que hayan violentado protocolos, leyes y derechos humanos.
Además de una política de santuario y no-cooperación con agencias migratorias federales.
Debido a que el Gobierno de Puerto Rico facilitó, además, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información confidencial de unas 6.000 personas inmigrantes con estatus irregular que se registraron en el pasado para obtener licencias de conducir.
Por último, pidieron que se permita que las personas accedan al debido proceso para que sus casos sean escuchados en Puerto Rico y no sean removidos hacia Estados Unidos donde carecen de comunidad y apoyo legal.
Del mismo modo, protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluyan el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal, y políticas migratorias basadas en derechos humanos y programas de protección que prioricen la seguridad de personas vulnerables.
Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la ACLU de Puerto Rico se unieron en agosto para lanzar la campaña ‘Migrar no es un crimen’.
Relacionado con el asesinato de estas mujeres, las autoridades dominicanas informaron ayer que el Ejército detuvo en Elías Piña a un haitiano identificado como Chin Laduse.
La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las embarcaciones llamadas ‘yolas’, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.
