Diversas entidades advierten que las propuestas senatoriales afectarían la salud pública y la participación democrática en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – Representantes de múltiples organizaciones sociales, de derechos humanos, salud pública, equidad de género y bienestar animal alzaron su voz este lunes contra dos proyectos legislativos que, de ser aprobados, limitarían el acceso a la información pública en Puerto Rico.
En vistas ciudadanas convocadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), las entidades coincidieron en que estas propuestas representan un retroceso para la transparencia gubernamental y el derecho ciudadano a fiscalizar al Estado.
Se trata del Proyecto del Senado 331, presentado por el senador Juan Oscar Morales, que busca declarar confidenciales los datos del Registro Demográfico, y el Proyecto del Senado 63, impulsado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que modificaría la Ley 141 de Transparencia imponiendo nuevos requisitos y demoras en los procesos de solicitud de información.
Según los testimonios ofrecidos, el P. del S. 63 duplicaría el tiempo permitido para que las agencias respondan solicitudes —de 30 a 60 días—, eliminaría el derecho a pedir datos en formatos digitales accesibles, y requeriría incluir direcciones postales y electrónicas, lo que afectaría a sectores vulnerables con limitado acceso tecnológico. Además, se obligaría a notificar a los jefes de agencia sobre cada solicitud, un paso que, según denunciaron, crea nuevas barreras burocráticas.
Durante la primera jornada de vistas, celebrada en el Colegio de Abogados, cinco organizaciones detallaron cómo estas medidas afectarían sus labores, pero advirtieron que los mayores perjudicados serían los ciudadanos. “Esta ley es para que cualquier persona que desee mejorar la gestión pública, lo pueda lograr sin tener que pasar por tantas trabas burocráticas”, afirmó Amy Orta, del Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico.
Luis Avilés, del colectivo Kilómetro 0, destacó que el acceso a datos demográficos ha permitido documentar realidades ocultas como que las armas de fuego son la principal causa de muerte entre menores en Puerto Rico desde hace 15 años. “Sin acceso a esas fuentes de información, el país y, sobre todo, las comunidades marginadas, son quienes van a pagar las consecuencias”, advirtió.
Desde el campo del bienestar animal, la directora ejecutiva de Vínculo Animal, Sahir Pujols, señaló que su organización ha utilizado la Ley de Transparencia para tratar a más de 500 animales víctimas de maltrato. Según Pujols, ampliar el plazo de entrega de información comprometería la vida de muchos de estos animales. La entidad ha entablado múltiples demandas contra agencias gubernamentales por negarse a divulgar datos esenciales.
En el ámbito de equidad de género, la directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, denunció que las propuestas amenazan con obstruir el monitoreo de feminicidios y otros actos de violencia. “Cada dato que se oculta es una voz silenciada, cada demora en la entrega de información es una oportunidad perdida para hacer justicia”, expresó.
Carlos Chévere, del CAAPR, resumió las deficiencias del P. del S. 63 como un refuerzo al poder discrecional de las agencias, un incentivo al formalismo innecesario y la imposición de sanciones inefectivas. Mientras, Orta detalló cómo una de sus solicitudes de información al Departamento de Agricultura lleva más de siete meses sin resolverse, ejemplificando los retrasos que ya enfrenta la ciudadanía sin los nuevos cambios.
El panel que recibió los testimonios estuvo compuesto por la directora del CPI, Carla Minet; el abogado Carlos Francisco Ramos Hernández; y la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles del CAAPR, Vivian Pellicier. Estudiantes de Derecho de la Universidad Interamericana participaron como relatores.
Las vistas públicas continuarán hoy martes 20 de mayo a la 1 p.m. en el Salón Félix Ochoteco del Colegio de Abogados, donde se espera la participación de más organizaciones y ciudadanos preocupados por las consecuencias de estas propuestas legislativas.
