Exigen cumplimiento de ley que obliga a identificar terrenos aptos sin comprometer la seguridad alimentaria
SAN JUAN – Siete organizaciones ambientales y comunitarias presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso de mandamus para exigir que el Negociado de Energía (NE) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cumplan con su obligación legal de identificar terrenos aptos para proyectos de energía renovable, sin afectar tierras agrícolas protegidas ni comprometer la seguridad alimentaria de Puerto Rico.
La acción legal surge en respuesta al desparrame de proyectos solares industriales en áreas agrícolas clasificadas como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos y dentro de la Reserva Especial Agrícola, lo que organizaciones denuncian como una amenaza directa a la soberanía alimentaria del país.
«La intervención del Tribunal es esencial para evitar que las organizaciones demandantes se queden sin un foro que atienda los méritos del reclamo y el incumplimiento de las agencias demandadas con sus deberes en ley», afirmó el licenciado Omar Saadé Yordán, representante legal del grupo. Según explicó, el NE ha ignorado procedimientos previos iniciados por las organizaciones sin ofrecer explicación ni emitir decisiones.
Las entidades demandantes —entre ellas la Liga de Ciudades PR, la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas y otras— han respaldado consistentemente iniciativas de energía renovable sostenible como techos solares con almacenamiento y microrredes comunitarias. Sin embargo, rechazan el uso de terrenos agrícolas fértiles para instalaciones solares a escala industrial.
«La energía solar en techos permite esa tan necesaria transición a fuentes sostenibles sin poner en peligro nuestra soberanía alimentaria», expresó la licenciada Ruth Santiago.
«Puerto Rico importa el 85% de lo que consume y tiene una de las tasas más altas de inseguridad alimentaria en Estados Unidos. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo suelo agrícola productivo».
Las organizaciones advirtieron que el NE continúa evaluando y aprobando proyectos sin cumplir con el requisito legal de identificar los terrenos apropiados, como terrenos ya degradados, rellenos sanitarios no operacionales o suelos contaminados. En su lugar, los proyectos se proponen en áreas incompatibles con el desarrollo energético responsable y con el interés público.
El licenciado Gabriel Meléndez, de El Puente Puerto Rico, señaló que «las decisiones sobre proyectos industriales de energía que dañan terrenos de alto valor agrícola y perjudican a comunidades están en manos de una entidad que se rehúsa a asumir jurisdicción para analizar sus impactos». Añadió que la situación es urgente y requiere acción inmediata del Tribunal.
El recurso solicita que el DDEC identifique de forma concreta y técnica los terrenos aptos para energía solar, excluyendo los clasificados como SREP-A, y que someta esas conclusiones al NE, conforme a lo establecido en la Ley de Política Pública Energética y el Plan de Uso de Terrenos.
Las organizaciones han presentado estudios científicos y evidencia técnica para sustentar su reclamo y cuentan con el respaldo legal de Earthjustice. Desde 2020, han insistido en la necesidad de transparencia y responsabilidad en el proceso de transición energética para garantizar que la sustentabilidad no comprometa el futuro alimentario de la isla.
