Grupos comunitarios denunciaron en el Capitolio que el Proyecto de la Cámara 25 reduciría protecciones del litoral y favorecería intereses privados
SAN JUAN (EFE) – Organizaciones ambientales y grupos comunitarios de Puerto Rico se manifestaron este miércoles en el Capitolio, sede de la Legislatura, en oposición a una medida que busca reducir el espacio de uso público y limitar el acceso a las playas.
La manifestación coincidió con una vista pública del Proyecto de la Cámara 25 (PC 25) en el Senado, donde los grupos denunciaron que la medida pretende reducir la Zona Marítimo Terrestre, flexibilizar protecciones históricas del litoral y abrir espacio a intereses económicos privados a costa del patrimonio natural del país.
«Este proyecto no solo redefine la Zona Marítimo Terrestre desde una perspectiva técnica, sino que también altera la manera en que se toman decisiones sobre el litoral de Puerto Rico», expresó en un comunicado Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Al cambiar los criterios de delimitación y flexibilizar protecciones existentes, Vázquez Torres señaló que se está reconfigurando quién decide sobre un bien público que pertenece a todo el pueblo, con impactos directos en los 44 municipios costeros del archipiélago.
«Esto incluye efectos en la economía pesquera y en actividades tradicionales que dependen de ecosistemas costeros saludables, como los manglares y las zonas de transición, cuya degradación reduce la productividad de la pesca artesanal y afecta la sostenibilidad de comunidades que históricamente han vivido del mar», subrayó.
La directora de Sierra Club insistió en que se está empujando una medida que favorece a grandes intereses económicos, sectores de la construcción y quienes buscan convertir la costa en un privilegio y no en un bien común.
Durante la actividad, las organizaciones también sostuvieron que el proyecto fragmenta el concepto del dominio público marítimo-terrestre al excluir expresamente los manglares, debilitar la integración jurídica de las playas como parte de la ribera del mar y alterar la visión del litoral como un ecosistema continuo.
Los grupos denunciaron que el PC 25 limitará la capacidad técnica para determinar la Zona Marítimo Terrestre y abrirá la puerta a cambios reglamentarios que flexibilizarían los estándares de protección existentes.
«Un deslinde menos riguroso significa una costa más vulnerable, más expuesta al abuso y más frágil frente a las presiones del desarrollo. Este proyecto no fortalece la planificación; la debilita. No responde a la crisis climática; la ignora», criticó Gabriela Vélez Agosto, portavoz de Amigxs del M.A.R.
Las organizaciones reiteraron la urgencia de derogar el PC 25 y validar una definición de la Zona Marítimo Terrestre que esté basada en criterios científicos, conocimientos de las comunidades costeras y las recomendaciones de las organizaciones ambientales.
