Organizaciones denuncian que el P. del S. 297 obliga a menores a buscar consentimiento de sus posibles agresores y criminaliza la atención médica
SAN JUAN, Puerto Rico – Organizaciones que integran la Alianza para el Acceso a la Salud Reproductiva Esencial (AASER) denunciaron que el Proyecto del Senado 297, que propone establecer un protocolo obligatorio para abortos en niñas de 15 años o menos, pone en peligro la salud, la confidencialidad y la seguridad de menores víctimas de abuso sexual en Puerto Rico.
El proyecto, presentado por la senadora Joanne Rodríguez Veve y aprobado en el Senado el 3 de febrero de 2025, requiere que uno de los padres o el tutor legal otorgue consentimiento escrito y esté presente durante el procedimiento, incluso si ese adulto es el agresor responsable del embarazo. Actualmente, se encuentra bajo análisis en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Según los datos más recientes del Observatorio para la Prevención de la Violencia de Género en Puerto Rico del Departamento de Salud, unas 455 jóvenes entre 11 a 15 años fueron sobrevivientes de violencia sexual en el 2023, y constituye el grupo de edad que mayor reporte de agresiones sexuales tiene dentro de las personas menores de 18 años.
En cuanto a la relación de la persona ofensora con la víctima sobreviviente de violencia sexual, el 52.3% reportó ser agredida por familiares.
AASER, una coalición de organizaciones defensoras de la salud sexual y reproductiva compuesta por Profamilias, Taller Salud y Proyecto Matria, destacó cinco razones por las que el proyecto representa un retroceso en la protección de menores:
- Aumenta el riesgo de revictimización.
El proyecto obliga a las niñas a buscar autorización de sus padres o tutores para acceder a un aborto, sin excepción automática para casos de abuso sexual. Aunque se contempla una exención si la menor alega que su progenitor o tutor es el agresor, la ley no garantiza mecanismos seguros ni confidenciales para hacer esta alegación sin exponer a la menor a represalias. Incluso en estos casos, la clínica debe asumir custodia de emergencia y notificar a las autoridades. - Vulnera la confidencialidad médico-paciente.
La medida exige que los datos del progenitor o tutor y su consentimiento sean registrados y conservados por al menos cinco años, así como copias de identificaciones oficiales. Además, las clínicas están obligadas a hacer referidos al Departamento de la Familia en todos los casos, independientemente de la voluntad de la menor, limitando su derecho a la privacidad. - Criminaliza a profesionales de la salud.
El proyecto impone penas de reclusión y multas de hasta $25,000 a clínicas y médicos que no cumplan con todos los pasos del protocolo. Esto incluye desde la obtención del consentimiento hasta la notificación por correo certificado en casos de emergencia. También penaliza a cualquier persona que coaccione a una menor a abortar, aunque sin establecer protecciones equivalentes para evitar la imposición del embarazo. - Refuerza la burocracia sin atender causas del problema.
El enfoque del P. del S. 297 es puramente reglamentario y punitivo. No contempla iniciativas para la prevención del abuso sexual ni medidas de educación sexual o servicios de salud mental, dejando intactas las condiciones que llevan al embarazo infantil. - Ignora el marco legal ya vigente.
Desde septiembre de 2024, el Reglamento Núm. 132 del Departamento de Salud establece procedimientos para atender casos de menores embarazadas víctimas de agresión sexual, incluyendo referidos obligatorios y mecanismos de protección. El nuevo proyecto no añade garantías sustanciales, sino que impone duplicaciones y mayores restricciones.
“El P. del S. 297 contradice los principios de salud, confidencialidad y equidad legal. Es una ley que no protege a las niñas, sino que perpetúa estructuras de control que aumentan su vulnerabilidad”, denunció Enid M. Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Profamilias.
La AASER hizo un llamado a la Legislatura a rechazar la medida y enfocar los esfuerzos legislativos en iniciativas que garanticen atención médica segura, confidencial y libre de coacción para todas las menores en Puerto Rico.
