Washington (EFE) – La Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT) afirmó este jueves que Estados Unidos tiene «brechas críticas» en su legislación que exponen al país a la entrada de flujos financieros ilícitos procedentes de delitos ambientales.
«Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un sólido marco para la prevención del lavado de dinero, existen brechas críticas que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza», afirma el informe «Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía», que fue presentado hoy en la capital estadounidense.
Entre esas brechas está la incapacidad de EE.UU. para identificar a la persona física real o beneficiario final de determinadas entidades y la falta de normas aplicables al sector inmobiliario para la prevención del lavado de dinero (AML, en inglés), afirmó FACT.
La alianza no partidista -formada por más de 100 organizaciones que trabajan por un sistema tributario justo y para combatir las prácticas financieras corruptas- denunció que estas brechas suponen «una gran laguna de lavado de dinero que explotan los delincuentes, sobre todo los que están implicados en delitos ambientales».
Este informe busca dar a conocer el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en Perú y Colombia.
Una teoría que demuestran con casos sucedidos en los últimos años, que en su opinión «ilustran los retos que supone la falta de transparencia financiera para la investigación de los delitos ambientales nacionales e internacionales».
FACT detalla que el expresidente peruano Alejandro Toledo adquirió una propiedad en Maryland para, «aparentemente», «ocultar y lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de sobornos recibidos como parte del escándalo Odebrecht», en el que la empresa brasileña homónima admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para facilitar proyectos que afectaron a la Amazonía.
Otro ejemplo es el de una sociedad de responsabilidad limitada de Nevada, Global Plywood, que fue declarada culpable de adquirir más de 1.000 metros cúbicos de madera que, presuntamente, obtuvo de forma ilegal de la región de Loreto, en la Amazonía peruana.
O el caso de Goldex, la segunda empresa exportadora más grande de Colombia, que utilizó, presuntamente, una cadena de empresas anónimas para lavar más de 1.000 millones de dólares y ocultar el origen de su oro, que se extraía de forma ilegal en Colombia.
El oro extraído se exportaba casi exclusivamente a dos refinerías de Estados Unidos en Miami que, al parecer, no llevaron a cabo las comprobaciones de debida diligencia sobre su procedencia.
Los delitos ambientales, señala FACT, son el tercer tipo de actividad delictiva más importante del mundo y según Interpol su rendimiento asciende a 281.000 millones de dólares en productos cada año.
«Estados Unidos, como la mayor economía mundial y principal contribuidor a la falta de transparencia financiera, tiene un papel determinante para negarles una guarida fiscal segura a los delincuentes que podrían degradar la Amazonía», apunta la organización.
En este contexto, FACT pidió a EE.UU. que aplique la Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa), que exige que determinadas entidades inscriban el nombre de su beneficiario final en una base de datos no pública de la Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN), que puedan consultar los países extranjeros «de confianza» en sus investigaciones.
Solicitó también al Congreso que apruebe la Ley FOREST, que tipificaría la deforestación ilegal como una actividad ilegal específica en la legislación penal en materia de lavado de dinero de Estados Unidos.
Y que apoye la Ley de facilitadores, que autorizaría al Tesoro a exigir a los profesionales que ofrezcan a sus clientes servicios financieros, de compañías, fideicomisos o pagos a terceros que cumplan con los correspondientes requisitos de prevención del lavado de dinero basados en el riesgo.
En Perú y Colombia, denuncia FACT, los delitos ambientales «han borrado las franjas de la selva amazónica, han envenenado a las comunidades locales y los grupos indígenas con mercurio, y han hecho estos países menos seguros con el aumento del narcotráfico, la violencia y la corrupción».
