San Juan (24 de junio de 2021) EFE – El gobernador Pedro Pierluisi firmó este miércoles una orden ejecutiva por la que el Departamento de Hacienda, por vía de excepción, deberá hacer disponible las exenciones contributivas a la industria agrícola para el año contributivo 2020.
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado que de la orden ejecutiva se beneficiará toda persona natural o jurídica que acompañe con su planilla de contribución sobre ingresos una certificación de agricultor bona fide debidamente expedida por el Departamento de Agricultura para dicho año contributivo.
La iniciativa está de acuerdo a la orden ejecutiva 2021-051 que firmó el gobernador Pedro Pierluisi.
Además, bajo este proceso no se requerirá la presentación de un decreto expedido por el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y el contribuyente podrá reclamar las exenciones establecidas para el año contributivo 2020.
«Esta administración está consciente de los cambios establecidos en el Código de Incentivos y los retos que conlleva su implementación en el trámite gubernamental para la industria de la agricultura», expuso el gobernador en la orden ejecutiva.
«Sin embargo, ante las complicaciones en el trámite administrativo en las agencias concernidas por razón de la pandemia del covid-19 existen miles de agricultores bona fide que no han podido presentar sus planillas de contribuciones sobre ingresos para el año 2020 por no contar con el decreto expedido por el DDEC, conforme a lo dispuesto en el Código de Incentivos», indicó Pierluisi.
«Con esta excepción, se provee a la industria agrícola una solución a corto plazo para que sus miembros disfruten y el gobierno respete los incentivos correspondientes al año contributivo 2020», sostuvo.
Actualmente, el DDEC se encuentra en proceso de promulgar la reglamentación correspondiente para la aplicación del Código de Incentivos aprobado en el 2019 en aras de atraer la inversión de industrias, promover el apoyo de los pequeños y medianos comerciantes, simplificar los procesos y proveer la transparencia y fiscalización en el proceso de concesión de incentivos.
