La paradoja de la Ley 60 frente a la política fiscal “America First” de Estados Unidos.
Por Prof. Eric Rossner Marrero
Educador y sindicalista
La Ley 60 de Puerto Rico, también conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, se creó para atraer inversión extranjera, en especial de alto poder adquisitivo, mediante beneficios fiscales.
Dicha ley es directamente contraria a la política pública impulsada por el programa de gobierno del presidente Donald Trump, quien, durante su gestión, busca fortalecer la economía estadounidense, favoreciendo la repatriación de capitales, protegiendo empresas locales y reduciendo la evasión fiscal. La aprobación y continuación de la Ley 60 bajo el gobierno de Jennifer González evidencian una contradicción importante en la política del presidente Trump.
Durante el periodo en el cargo (2016-2020), el presidente Trump aprobó la Ley de Reducción de Impuestos y Creación de Empleos, llamada Tax Cuts and Jobs Act, la cual buscaba motivar a las empresas estadounidenses a traer de vuelta sus ganancias al país y reducir la evasión fiscal mediante impuestos sobre las ganancias generadas en el extranjero.
Esta medida tenía como objetivo fortalecer la economía nacional y garantizar que las empresas contribuyeran de manera justa al tesoro federal. El lema “America First” era el eje principal de su agenda; el propósito consistía en proteger la economía estadounidense y prevenir la fuga de capitales hacia otros países o regiones.
Luego de revalidar en 2024 y bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Trump ha puesto su objetivo en mejorar la eficiencia del gobierno y en reducir el gasto público, lo que redundaría, a su entender, en beneficios económicos para Estados Unidos.
Sin embargo, sus posturas acerca de la Ley 60 en Puerto Rico resultan ser contradictorias, pues no actúa para derogar o limitar esta ley y, en cambio, permite que personas de alto nivel adquisitivo se trasladen a la isla para aprovechar los bajos impuestos —incluso llegando al cero por ciento en ciertas situaciones— sin tener que aportar al tesoro federal de los Estados Unidos.
En la práctica, esto convierte a Puerto Rico en un paraíso fiscal dentro de los propios Estados Unidos, ya que el presidente Trump abogaba por sancionar la evasión fiscal de las empresas y mejorar las finanzas públicas de la nación americana, y, al mismo tiempo, respalda una ley que permite a los millonarios estadounidenses evitar pagar impuestos federales si residen en Puerto Rico. Esto ejemplifica claramente cómo los intereses económicos de la élite prevalecen sobre cualquier discurso político.
Si existiera urgentemente la necesidad de crear un memorando para una acción ejecutiva —la cual existe—, definitivamente sería tratar de convencer al presidente de unir esfuerzos con el Congreso y derogar la Ley 60. Económicamente, se podría argumentar que derogar dicha ley convendría a la economía de Estados Unidos.
Por otra parte, la gobernadora Jennifer González ha mencionado que la estadidad para Puerto Rico está más cerca que Groenlandia; no obstante, la decisión de prolongar la Ley 60 durante su administración plantea dudas sobre la coherencia de dichas acciones en relación con el objetivo de convertir a Puerto Rico en un estado de la unión federal.
La estadidad implica igualdad en derechos y responsabilidades, lo que incluye estar sujeta a las mismas leyes y regulaciones fiscales que rigen en los demás estados. Al mantener un sistema contributivo que difiere notablemente del federal, Puerto Rico refuerza su estatus como una jurisdicción separada que goza de beneficios fiscales únicos. Esta discrepancia podría ser interpretada por el Congreso y otros estados como una falta de compromiso hacia las responsabilidades fiscales compartidas, lo cual debilita la postura a favor de la estadidad.
En fin, la Ley 60 no solo va en contra de los principios de la política económica bajo el mandato de Donald Trump, sino que también pone al descubierto las contradicciones internas dentro del movimiento estadista del PNP, liderado por la gobernadora Jennifer González. Mientras persistan estas políticas públicas que fomenten la evasión contributiva y la desigualdad social, el camino hacia la estadidad seguirá siendo una ilusión vacía.
