Una reflexión sobre la ilegitimidad de la deuda colonial y el derecho a un nuevo comienzo
Por Javier A. Hernández
Durante más de un siglo, Puerto Rico ha vivido bajo un régimen colonial que ha negado su soberanía, manipulado su economía y acumulado una deuda pública ilegítima que hoy supera los $70,000 millones.
Esta deuda, generada en gran parte por decisiones impuestas por un gobierno colonial (no soberano) y sin el consentimiento democrático del pueblo, ha sido utilizada como justificación para imponer una junta de control fiscal, recortes salvajes y una austeridad dictada desde Washington. Pero, ¿y si esa deuda no fuese legítima? ¿Y si existiera una base legal e histórica para repudiarla? La respuesta existe y se llama deuda odiosa. Y la solución para el futuro de una nación libre como Puerto Rico se llama tabula rasa.
¿Qué es la deuda odiosa?
El concepto de deuda odiosa fue formulado por el jurista ruso Alexander Sack en 1927. Según este principio del derecho internacional, una deuda es considerada odiosa si cumple tres criterios:
- Fue contraída sin el consentimiento del pueblo y sin fuente de repago.
- No fue utilizada en beneficio del pueblo.
- Los acreedores de Wall Street eran conscientes de estas circunstancias.
En otras palabras, cuando un régimen colonial, dictatorial o ilegítimo incurre en deudas para su propio beneficio o para oprimir a la población, esas deudas no deben ser pagadas por la nación una vez logra su independencia. Esto se ha aplicado históricamente en contextos coloniales y poscoloniales, y su lógica es simple: una nación libre no debe comenzar encadenada por los errores, abusos o decisiones de sus opresores y los gobiernos coloniales.
Cuba: El precedente más claro
Un ejemplo emblemático —y muy relevante para Puerto Rico— es el caso de Cuba en 1898. Tras la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana, los Estados Unidos se negaron rotundamente a que Cuba heredara la deuda que España había acumulado durante su dominio colonial. Washington argumentó que esa deuda fue impuesta por España sin el consentimiento de los cubanos y que había sido utilizada para suprimirlos, no para beneficiarlos. Por tanto, Cuba comenzó su vida republicana con una tabula rasa, libre de deudas coloniales.
Es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos reconoció y aplicó el principio de deuda odiosa cuando le convenía geopolíticamente. Hoy, Puerto Rico tiene un reclamo aún más fuerte: una deuda inflada, en gran parte por decisiones fiscales impuestas, corrupción institucional protegida por el régimen colonial y una junta de control fiscal que responde a los acreedores, no al pueblo.
Puerto Rico: Deuda sin soberanía ni consentimiento
La deuda de Puerto Rico no fue aprobada por un gobierno soberano puertorriqueño, sino por un gobierno colonial. Las leyes fiscales, los incentivos a empresas foráneas, los bonos emitidos sin respaldo y la estructura económica que llevó a la quiebra fueron moldeados por un régimen colonial tutelado por el Congreso de EE. UU., que no permite representación ni soberanía plena al pueblo puertorriqueño.
Tampoco puede decirse que esa deuda se utilizó para el beneficio general. Durante décadas, los servicios públicos se deterioraron, la infraestructura colapsó, más del 43 % del país vive en pobreza extrema y millones emigraron mientras las corporaciones e inversionistas aprovecharon los incentivos fiscales. El pueblo puertorriqueño, en lugar de beneficiarse, fue empobrecido y empujado al exilio económico.
Y los acreedores sabían —había artículos, informes, discursos, debates, protestas y estudios sobre la debacle de la deuda—. Sabían que Puerto Rico era una colonia sin control pleno sobre sus finanzas. Sabían que los bonos emitidos eran insostenibles y sin fuentes de repago. Sabían que el sistema estaba diseñado para favorecer a los especuladores y fondos buitres. Invirtieron con conocimiento del riesgo y ahora exigen sacrificios al pueblo para garantizar su retorno de inversión ante sus malas decisiones financieras.
Esto es, en esencia, una deuda odiosa.
Tabula rasa: Un nuevo comienzo para una nación soberana
El principio de tabula rasa (concepto legal de borrón y cuenta nueva) se refiere al derecho de una nación a comenzar limpia de los errores de la colonia tras su liberación del colonialismo o de una dictadura. Es una forma de justicia transicional económica. Así como las nuevas constituciones buscan garantizar libertades que antes fueron negadas, la tabula rasa busca garantizar la libertad económica, eliminando deudas impuestas ilegítimamente.
Fue el ELA (bajo la soberanía de y controlado por los EE. UU. y administrado por el PNP y el PPD) el que aprobó y facilitó esa deuda colonial. Luego, los EE. UU. no permitieron la “quiebra criolla”, condenándonos así a la Junta y la austeridad. Esa nefasta deuda colonial le pertenece al ELA y a los EE. UU.: no le pertenece ni fue aprobada por la República de Puerto Rico.
Varios países han intentado o logrado aplicar este principio. Por ejemplo:
- Haití, aunque no logró cancelar su deuda, fue forzada por Francia a pagar “compensaciones” por su independencia —una forma grotesca de deuda odiosa—.
- Ecuador realizó una auditoría de su deuda externa en 2008 y logró renegociar y cancelar buena parte de su deuda ilegítima.
- Sudán del Sur y Timor Leste, al independizarse, lograron negociar condiciones de deuda mínimas o nulas.
Puerto Rico, como nación en proceso de liberación, tiene derecho a hacer lo mismo. Cualquier proceso de transición hacia la independencia o la libre asociación debe incluir la repudiación total o parcial de la deuda odiosa, mediante un decreto soberano, una auditoría ciudadana y una estrategia de diplomacia internacional respaldada por la moral, el derecho internacional y la historia.
¿Qué papel jugará Estados Unidos?
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Irónicamente, el mismo país que negó la deuda colonial de Cuba hoy impone una junta fiscal a Puerto Rico para pagar su deuda ilegítima. Sin embargo, si Puerto Rico se mueve hacia la soberanía, Estados Unidos tendrá la oportunidad de rectificar su legado colonial apoyando el derecho de los puertorriqueños a un nuevo comienzo.
Esto no es solo un tema legal. Es un asunto de justicia histórica, moral y económica. Estados Unidos podría asumir toda la deuda como compensación financiera por más de 127 años de colonialismo o facilitar su cancelación mediante mecanismos multilaterales.
La comunidad internacional también puede desempeñar un rol importante. Las Naciones Unidas han reconocido el derecho de los pueblos colonizados a decidir su futuro libremente y a rechazar las obligaciones impuestas por regímenes coloniales y opresivos. Puerto Rico puede acudir al sistema internacional de derechos humanos, a la Corte Internacional de Justicia o iniciar una campaña de reconocimiento diplomático y apoyo al principio de deuda odiosa.
Una nación soberana no debe nacer encadenada
Puerto Rico está en un momento decisivo. El viejo modelo colonial está muerto, y las opciones de futuro deben construirse con dignidad y libertad. Pero no puede haber libertad real si la nación soberana nace esclavizada por una deuda odiosa e ilegítima de la época colonial. El pueblo puertorriqueño no debe aceptar la narrativa de que “tenemos que pagar lo que debemos”, cuando esa deuda fue fabricada sin soberanía, sin justicia y sin beneficio real al pueblo boricua. Al obtener la libertad, la deuda se queda con la colonia y su dueño, no con la nueva República de Puerto Rico.
Debemos exigir una tabula rasa: un nuevo comienzo bajo la soberanía. Debemos educar al país y al mundo sobre el concepto de deuda odiosa. Y debemos comenzar a prepararnos —política, jurídica y moralmente— para una transición soberana con justicia económica.
Una nación libre no nace endeudada. Nace con el derecho de soñar, de construir y de comenzar limpio.
Javier Hernández es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía nacional y la descolonización puertorriqueña radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico. Sus libros incluyen “PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña” y “Puerto Rico: Hacia una economía nacional soberana.”
