San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) informó este martes que archivó un caso contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, por presuntamente cometer irregularidades en las compras realizadas por su administración.
La determinación del Panel concurrió con la recomendación inicial de Justicia, de que no se designara un Fiscal Especial Independiente para que se investigara a Roldán ante la ausencia de causa suficiente para creer que este cometió delito, según se explicó en un comunicado.
Todo comenzó con una querella radicada por el legislador municipal de la ciudad, Ángel L. Rodríguez Rosa, quien alegó que el alcalde Roldán cometió irregularidades en las compras realizadas por el Municipio de Aguadilla.
Durante la investigación preliminar del asunto, realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la fiscal asignada entrevistó y tomó declaraciones juradas a nueve testigos.
Entre esos testigos estuvo Janette Meléndez Rodríguez, empleada municipal, que inicialmente remitió una carta a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en torno al particular.
La DIPAC requirió también documentación del Departamento del Trabajo, la Legislatura Municipal, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
La OEG reveló que conducían una investigación sobre los hechos denunciados, pero que estaba paralizada por la intervención de Justicia.
La Oficina del Contralor, por su parte, informó de una auditoría en proceso, pero que preliminarmente no contenía hallazgos por conducta que constituyera delito.
De la evidencia recopilada surge que Meléndez Rodríguez, quien ocupó un puesto de agente compradora, fue trasladada al gimnasio municipal como administradora, con un menor salario.
Ante ello, presentó una querella en la Oficina Municipal de Recursos Humanos, la cual posteriormente logró que se le equiparara el salario de agente comprador, pero sin contar con un diferencial por las labores de ese cargo.
Esto, sin embargo, provocó su renuncia al municipio.
No obstante, su querella inicial ante el Contralor fue en el sentido de que su cambio de puesto fue porque se negó a cotizar un licitador de la ciudad.
Aunque no recibió una orden específica para que se le adjudicara una orden de compra, se sentía presionada para cotizarle.
Ninguno de los documentos sobre compras referidos fue adjudicado al suplidor al que hizo referencia Meléndez Rodríguez.
Rodríguez Rosa, por su parte, admitió que no le constaba de propio y personal conocimiento la información que proveyó, ni de cuáles eran las irregularidades en las diferentes compras.
Tampoco pudo indicar ningún acto o conducta del alcalde que constituyera un acto de represalia contra la empleada.
En el amplio y detallado informe de la DIPAC, se hace referencia a cada una de las compras señaladas, pero no se identificó un desvío o alguna violación a los reglamentos y leyes aplicables. Tampoco hubo pérdida de fondos públicos o daños a la propiedad.
Siendo así, el PFEI acogió la recomendación de no designar un Fiscal Especial lndependiente y ordenó el archivo definitivo del asunto.
