San Salvador (EFE) – La organización humanitaria Cristosal instó este lunes al Estado de El Salvador a detener la contaminación que estaría generando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en los afluentes que abastecen a tres comunidades aledañas al recinto, en el rural distrito de Tecoluca.
«El agua que consumen las comunidades San Francisco Angulo, El Milagro y Canta Rana, ubicadas en Tecoluca, San Vicente, está altamente contaminada por coliformes fecales y otras bacterias que, de acuerdo a los especialistas consultados, la vuelven no apta para el consumo humano ni para la higiene personal», indicó Cristosal en un comunicado.
Sostuvo que, «según las personas afectadas, la contaminación inició con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo».
La ONG señaló además que, a petición de los pobladores, gestionaron «pruebas de la calidad del agua, que fueron analizadas en un laboratorio certificado».
«Esta contaminación, provocada presuntamente por uno de los proyectos más publicitados de este Gobierno, afecta derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el derecho a contar con un medio ambiente sano y, en el peor de los casos, puede atentar contra el derecho a la vida», advirtió Cristosal.
La organización hizo un llamamiento al Estado salvadoreño a «detener de manera inmediata la contaminación de las aguas y los suelos de estas comunidades, así como a preservar la vida y la salud de la población afectada».
La construcción de esta prisión de 23 hectáreas se dio entre criticas de la oposición que en su momento señaló falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitió saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
Esto se dio en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios que se cobró ó la vida de más de 80 personas en tres días y que investigaciones de el medio local El Faro atribuye a la ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno y las maras.
La prisión, que es la única a la que se ha permitido el acceso parcial desde que Bukele llegó al poder, ha sido visitada por congresistas republicanos de Estados Unidos y por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Ullrich.
La información sobre la cárcel es secreta, pero se conoce que tendría capacidad para unas 40,000 personas y actualmente albergaría a unas 12,000.
