Edwin García Feliciano advirtió sobre la inercia oficial ante el aumento de regateos y sus consecuencias fatales
San Juan, Puerto Rico – Con una creciente preocupación por la falta de acciones efectivas para frenar el desenfreno en el regateo en las carreteras de Puerto Rico, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, hizo un llamado urgente a las autoridades para que no dilaten más la implementación de estrategias que minimicen esta peligrosa práctica y reduzcan las muertes en las vías públicas.
García Feliciano subrayó que cualquier esfuerzo debe incluir la participación de los gobiernos municipales. Según indicó, los equipos de Manejo de Emergencias, Policía Municipal y Rescatistas de cada municipio tienen un conocimiento más preciso sobre las zonas y los horarios en que se realizan estas carreras clandestinas, lo que les permitiría colaborar en la erradicación de estas actividades.
“Si bien es cierto que se hace sumamente difícil perseguir a los que regatean en violación a la Ley Núm. 22 de 2000, no es menos cierto que cruzarse de brazos tampoco parece ser la alternativa. Todos los ciudadanos que hemos padecido en un momento determinado de esta práctica, estamos sumergidos en el ruido, el desorden, el peligro inminente y el abierto reto de los participantes de violar las leyes a la vista de todo el mundo”, expresó el Ombudsman.
Muertes en aumento y sensación de impunidad
El funcionario destacó que las recientes muertes de jóvenes vinculados a estas carreras ilegales reflejan la falta de prudencia y el menosprecio por la vida propia y ajena. Citó el caso de cuatro jóvenes, de entre 19 y 21 años, que fallecieron en Dorado, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de tomar medidas más estrictas.
“Se fueron demasiado temprano. No pudieron ver sus vidas realizadas porque probablemente la diversión les nubló el razonamiento sobre las graves consecuencias, que hoy se pagan con un costo enorme de sufrimiento para sus familias, amigos y conocidos”, lamentó García Feliciano.
El Ombudsman también instó a revisar los artículos 5.06 y 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en particular las disposiciones relacionadas con la suspensión de licencias y la categorización de las infracciones.
Llamado a reforzar la educación y la prevención
Más allá del refuerzo de las leyes y las sanciones, García Feliciano subrayó la importancia de la educación y la concienciación como herramientas clave para combatir el problema. Destacó que agencias como la ACAA pueden complementar los esfuerzos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, promoviendo campañas educativas más frecuentes y efectivas.
“Debe establecerse como requisito que, antes de obtener una licencia de conducir, la persona tenga que tomar ciertos cursos sobre la gravedad de lo que sucede cuando se exceden los límites de velocidad, de alcohol o medicamentos”, propuso el Ombudsman.
García Feliciano reconoció que si bien no todas las personas que asisten a eventos de regateo son delincuentes, la falta de conciencia sobre la ilegalidad y peligrosidad de estas carreras es un problema generalizado en la sociedad.
“No basta con que haya una ley o más de una que tipifique una actividad como delictiva. Se hace necesario divulgar la ley para que se sepa por qué se aprobó la misma”, puntualizó.
Finalmente, el Ombudsman recalcó que si es necesario enmendar las leyes para endurecer las penas, debe hacerse, pero sin descuidar las campañas educativas, ya que son estas las que verdaderamente pueden salvar vidas.
